El Juzgado de Instrucción nº 2 de Getxo ha respaldado las principales diligencias acordadas en el marco de una investigación judicial de carácter urbanístico, rechazando los recursos presentados por varios de los investigados contra las entradas y registros practicados el pasado mes de enero.
La resolución, dictada el 17 de marzo, considera ajustadas a derecho tanto las actuaciones policiales como las decisiones judiciales adoptadas durante la fase inicial del procedimiento.
La causa se originó a partir de un atestado de la Ertzaintza que solicitaba medidas de investigación, incluyendo registros domiciliarios y actuaciones tecnológicas. Ese mismo día, el juzgado decretó el secreto de las actuaciones por un periodo limitado, que fue levantado diez días después tras la práctica de las diligencias principales.
Entre las medidas autorizadas destacan los registros en domicilios y dependencias vinculadas a los investigados, así como la incautación y análisis de dispositivos electrónicos. Asimismo, se permitió el acceso a correos electrónicos, servicios de almacenamiento en la nube y servidores de datos, incluidos los del Ayuntamiento de Getxo, con el objetivo de preservar posibles pruebas relacionadas con los hechos investigados.
Tras el levantamiento del secreto, varios investigados interpusieron recursos alegando, entre otras cuestiones, falta de motivación en las resoluciones judiciales, ausencia de indicios suficientes, desproporción de las medidas y vulneración de derechos fundamentales, como el derecho de defensa y el secreto profesional entre abogado y cliente.
Sin embargo, el juzgado concluye que existían indicios suficientes para justificar las diligencias acordadas y que estas cumplían los requisitos legales de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La resolución destaca además la importancia de las medidas tecnológicas en investigaciones de este tipo, especialmente ante el riesgo de pérdida o manipulación de pruebas digitales.
En relación con las alegaciones sobre posibles vulneraciones del secreto profesional, el juzgado analiza estas cuestiones dentro del conjunto de los recursos, sin apreciar en esta fase motivos suficientes para declarar la nulidad de las actuaciones.
La investigación, que continúa en fase de instrucción, se centra en posibles irregularidades vinculadas a la normativa urbanística y de protección del patrimonio. En el procedimiento intervienen, además del Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Getxo y diversas acusaciones populares.
Con esta decisión, el juzgado refuerza la validez de las diligencias practicadas hasta el momento, si bien el proceso sigue abierto y no se ha determinado aún la eventual responsabilidad penal de los investigados.
