Otra casa de Algorta ha sido okupada por jóvenes extranjeros indocumentados, según ha podido conocer el Diario digital de Getxo.

A preguntas de este medio el consistorio ha respondido que desde el año pasado tiene conocimiento de la actividad de ocupación de la vivienda situada en el número 10 de la calle Ibatao.

En 2023 se instruyeron las diligencias por parte de la Policía local, que se ha puesto en contacto con la propiedad del inmueble

Los vecinos del entorno son conocedores de la situación y, aunque no existen denuncias o quejas al respecto, la inquietud y el nerviosismo reina en la zona.

En los últimos año son frecuentes los episodios de okupaciones de viviendas abandonadas en el municipio de Getxo. El más reciente fue el del chalet abandonado junto al parque Gernika.

No obstante, también ha habido otros casos como son el de la vivienda de Larrañazubi o el de la okupación de una caseta en la Estrada Diliz.

Precisamente hoy, el Grupo del PP en las Juntas Generales de Vizcaya ha solicitado crear un Plan Foral contra la okupación con unidades policiales especializadas y desalojos en 24 horas.

«Consideramos necesaria la puesta en marcha de un Plan Foral contra la Okupación, que contemple medidas efectivas para hacer frente a este fenómeno. Este plan implicaría la puesta en marcha de una Mesa de Trabajo dirigida a una actuación coordinada entre la Diputación Foral de Vizcaya, Ertzaintza, administraciones locales y policías municipales, la creación de una unidad especializada de la Ertzaintza y policías locales en materia de okupación y un protocolo dirigido al desalojo de okupaciones en el plazo de 24 horas” ha explicado la Portavoz de los populares en las Juntas Generales, Raquel González

Por otro lado, los populares consideran necesario establecer un proyecto de reforma de la normativa fiscal a fin de compensar a los afectados por okupaciones ilegales las cantidades abonadas por el Impuesto de Bienes Inmuebles u otros tributos durante el periodo que dura a ocupación.

Por último, el grupo popular pide además poner en marcha una campaña informativa dirigida a los vecinos de zonas especialmente afectadas por la okupación, impulsar un servicio de asistencia jurídica gratuita y a nivel municipal solicita a las administraciones locales declarar la nulidad de las inscripciones padronales de cualquier ocupante ilegal


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