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El Ayuntamiento de Getxo arremete contra la promotora Atalaya Ereaga por «las obras ilegales» al ejecutar un derribo «no autorizado» sin la aprobación previa por el personal técnico municipal

El Ayuntamiento de Getxo ha remitido una nota de prensa aclaratoria en relación a la demolición del histórico inmueble «Irurak bat» que estaba situado en la calle San Nicolás nº 11 de Algorta donde está previsto construir 12 viviendas.

En su escrito el consistorio indica que «Ni la Diputación Foral ni el Gobierno Vasco consideran el edificio bien arquitectónico o urbanístico susceptible de protección. Es el propio Ayuntamiento el que, bajo las condiciones del PGOU de 2001, calificó el bien con el régimen de “Custodia Municipal”.

En este punto el Ayuntamiento matiza que «esto significa que el Ayuntamiento vela por el mantenimiento o rehabilitación de elementos del edificio, si bien la “Custodia Municipal” no impide el derribo o su rehabilitación integral».

En este momento el consistorio «se encuentra a la espera de la adopción de las medidas por parte de la promotora que permitan recuperar las construcciones habilitadas por la licencia, respetando las condiciones de la custodia municipal de las de obras inicialmente autorizadas»

Expediente abierto por no ajustarse al proyecto inicial

En la nota de prensa se aclara por parte del Ayuntamiento que «precisamente el expediente restauración de la legalidad no se abre por el derribo parcial de unos elementos constructivos existentes, sino por no ajustarse al proyecto inicialmente presentado, que optaba por dicho mantenimiento de parte del edificio, lo que contraviene la licencia previa«

Derribo sin previo aviso al Ayuntamiento

En su explicación el consistorio añade que «la licencia se otorgó a partir de la propuesta presentada por la promotora en el proyecto correspondiente. Sin embargo, aduciendo el grave riesgo derivado de una serie de desprendimientos la dirección facultativa ordenó sin previo aviso al Ayuntamiento el  derribo de los tres muros del edificio a rehabilitar y que se iban a preservar parcialmente»

Así, al haberse derribado el edificio entero, «a la hora de levantarlo nuevamente deberá cumplir con la normativa de aplicación vigente en el momento de la construcción» se explica.

Sin autorización

El Ayuntamiento argumenta también que «procedió el 9 de agosto a dictar la correspondiente resolución, dando orden de paralización inmediata de las obras y de adopción de las debidas medidas de seguridad y cierre de la parcela, al haberse ejecutado trabajos de derribo no autorizados en los elementos constructivos existentes sin la aprobación previa por el personal técnico municipal«

«Así mismo, se está tramitando un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras ejecutadas, advirtiéndose de que, en caso de que se constate el incumplimiento de la orden, se procederá a la imposición de las correspondientes multas coercitivas» ha concluido la casa consistorial.

Dentro de ese expediente y a partir de la documentación que entregue la promotora, los técnicos municipales del departamento de Urbanismo y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento analizarán y se evaluarán las posibles medidas sancionadoras y las futuras acciones correspondientes según trasladan en la misma nota

Concejales

Por otro lado, el consistorio ha querido hacer constar que «como cooperativistas, los dos concejales afectados no han participado del procedimiento administrativo«.

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