Después de mucho tiempo de pasividad, el Ayuntamiento de Getxo ha intervenido finalmente esta mañana en el campamento ilegal instalado en la zona natural de Larrañazubi, donde se habían asentado unas quince personas. Una intervención que, aunque llega tarde, ha destapado lo que los vecinos ya venían denunciando: riesgos graves para la seguridad, insalubridad e incremento de la inseguridad en una zona ecológica clave del municipio.
El desmantelamiento, que ha comenzado a las 08:00 horas, ha sido justificado por la presencia de bombonas de butano y materiales peligrosos. Pero también por el evidente deterioro ambiental y social provocado por el asentamiento, según informa el consistorio en su nota.
La actuación se ha realizado de forma coordinada entre áreas municipales, y con el conocimiento de los Servicios Sociales.
En su comunicado el Ayuntamiento y la propia alcaldesa reconocen que Getxo no tiene capacidad para dar respuesta habitacional ni social a las personas desalojadas. La alcaldesa, Amaia Aguirre, solicita ayuda a la Mancomunidad de Uribe Costa. Una llamada institucional que revela el colapso de un sistema municipal desbordado por la llegada continua de personas en situación irregular que acaban asentándose en nuestro municipio.
Desde hace tiempo Getxo se ha convertido en el destino de quienes ocupan ilegalmente espacios públicos, alteran la convivencia y generan alarma vecinal, sin que existan medios suficientes para garantizar la seguridad ni la tranquilidad de los residentes.
La intervención de hoy, aunque necesaria, genera otra duda inquietante entre la población del municipio. Y es que se desconoce en qué lugar terminarán por establecer su nuevo campamento las personas desalojadas.
Desde el Ayuntamiento se insiste en una respuesta “inclusiva y solidaria”, pero lo que muchos vecinos exigen es contundencia, prevención y que se impida que el municipio siga siendo el punto de llegada para colectivos que, en muchos casos, terminan generando conflictividad e inseguridad.
