El instructor exige a la alcaldesa Amaia Aguirre toda la documentación de rehabilitaciones desde 2021 y pide explicaciones sobre la asignación de técnicos municipales. El portavoz del PP, Eduardo Andrade, tuvo un papel clave al impulsar diligencias en la causa.
Según publica en exclusiva el diario El Mundo, el juez instructor del conocido como ‘caso palacete’ de Getxo ha ordenado al Ayuntamiento que entregue toda la documentación relativa a las obras de rehabilitación tramitadas en el municipio desde abril de 2021 hasta la actualidad. Se trata de una petición de amplio alcance que afecta a cinco años de expedientes urbanísticos bajo la responsabilidad del consistorio encabezado por la alcaldesa Amaia Aguirre (PNV).
De acuerdo con la información publicada por el periodista Josean Izarra en el citado periódico, el magistrado no solo solicita los expedientes de rehabilitación, sino que además exige explicaciones detalladas sobre los criterios utilizados para la asignación de arquitectos y técnicos municipales a cada proyecto urbanístico. Esta línea de investigación se produce tras la imputación de tres técnicas municipales en el marco de la causa.
El instructor del caso quiere conocer con precisión el procedimiento por el cual se asignaban los técnicos responsables de las licencias urbanísticas, en un periodo que abarca dos legislaturas desde la toma de posesión de Amaia Aguirre en 2019.
Tal y como recuerda Izarra, el epicentro del caso es la remodelación del palacete ‘Irurak Bat’, un proyecto inicialmente vinculado a la promotora Eslora y al arquitecto Urko Balziscueta, que posteriormente cambió de manos cuando la iniciativa fue asumida por la empresa Biurban. Este cambio implicó también una modificación en la asignación del técnico municipal responsable.
El mismo proyecto pasó a ser gestionado posteriormente por la arquitecta Argiñe Encinas, una de las tres funcionarias actualmente investigadas por presuntos delitos contra el patrimonio. La investigación judicial, tal y como detalla El Mundo, también ha puesto el foco en la relación entre algunos implicados y determinadas operaciones vinculadas a la promoción de viviendas de lujo en el entorno del caserón.
El juez instructor ha citado a declarar a varios testigos, entre ellos el arquitecto Urko Balziscueta y otra arquitecta municipal, cuyas comparecencias están previstas para el próximo 12 de mayo
Además, el magistrado ha solicitado informes adicionales a la Policía Local sobre el movimiento de camiones durante el inicio de las obras y al servicio de aguas sobre una supuesta fuga que habría afectado a la estructura del edificio, extremo también recogido por El Mundo en su información.
En este contexto, destaca el importante papel del portavoz del Partido Popular en Getxo, Eduardo Andrade, quien ha tenido una intervención relevante en el impulso de la causa como representante de la acción popular.
Según detalla Izarra en su artículo, Andrade solicitó en septiembre y noviembre de 2025 un amplio conjunto de diligencias judiciales destinadas a profundizar en las responsabilidades políticas, técnicas y empresariales derivadas del proyecto del palacete. Su actuación fue determinante para la ampliación de las investigaciones que hoy dirige el juez instructor.
En su conjunto, El Mundo describe un procedimiento judicial en expansión que afecta tanto a responsables políticos como a técnicos municipales y empresas vinculadas a la rehabilitación del palacete ‘Irurak Bat’.
El Ayuntamiento de Getxo deberá ahora entregar la documentación requerida en un contexto de creciente presión judicial y política, que sitúa el caso como uno de los procedimientos urbanísticos más relevantes actualmente en investigación en el municipio.
