Según ha informado este lunes el diario El Mundo, la Fiscalía de Vizcaya mantiene que el palacete Irurak Bat de Getxo estaba protegido como «bien inmueble de protección básica» y que, por tanto, su derribo no estaba permitido, rechazando así el principal argumento esgrimido por las defensas de los investigados para solicitar el archivo del conocido como ‘caso palacete’.
El Ministerio Público sostiene que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el derribo del edificio La Aldea no es aplicable al caso del Irurak Bat. En su escrito, la Fiscalía afirma de forma expresa que «la sentencia no afecta en modo alguno a los hechos que están siendo objeto de investigación» y recuerda que se trata de un supuesto diferente.
La fiscal llega incluso a invocar el principio jurídico «In claris non fit interpretatio» («en lo claro no cabe interpretación») para defender que el inmueble gozaba de protección municipal y que su demolición no era legalmente posible.
La causa judicial investiga la actuación de varios responsables municipales, entre ellos tres exconcejales del PNV, dos de los cuales aspiraban a adquirir una de las viviendas de lujo previstas en el solar tras el derribo del palacete. La investigación provocó en su momento la dimisión de los entonces ediles Ignacio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urquiza.
Según recoge El Mundo, la Fiscalía subraya que el Irurak Bat estuvo catalogado como bien inmueble de protección básica entre mayo de 2019 y enero de 2024. Añade además que, incluso con la normativa posterior, cualquier derribo requería un informe específico sobre los valores patrimoniales del edificio y un periodo de información pública de 20 días, trámites que, según el Ministerio Público, nunca llegaron a cumplirse.
La posición de la Fiscalía respalda las tesis defendidas por las acusaciones, entre ellas la ejercida por el PP de Getxo, que sostiene que los casos del Irurak Bat y La Aldea son jurídicamente distintos y que no existen motivos para archivar el procedimiento.
Con este pronunciamiento, la Fiscalía refuerza la continuidad de una investigación que sigue abierta y rechaza que la sentencia sobre La Aldea pueda servir para exonerar a los investigados en el denominado ‘caso palacete’.
