El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Getxo continúa su recorrido en los tribunales. Ocho meses después de su aprobación definitiva, el Ayuntamiento ha confirmado que actualmente se encuentran en tramitación diez recursos contencioso-administrativos contra el documento urbanístico, después de que uno de los once recursos inicialmente interpuestos haya sido retirado por el recurrente.
Los anuncios relativos a estos procedimientos fueron publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia del pasado 1 de julio.
Según la información facilitada por el Gobierno municipal, ocho de los procedimientos se encuentran en fase de formulación de demanda, mientras que los dos restantes están ya en fase de contestación de la demanda.
Respecto a la evolución de estos procedimientos, el Ayuntamiento señala que no existe un calendario para su resolución. Según explica, los plazos vienen determinados por la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y por los que establezca el órgano judicial que conoce de cada asunto, en función de su carga de trabajo y de la complejidad técnica de cada procedimiento.
No obstante, los servicios jurídicos municipales estiman que la primera sentencia en primera instancia no se conocerá previsiblemente hasta dentro de entre 12 y 14 meses.
En cuanto a la defensa de los intereses municipales, el Consistorio confirma que será el servicio de defensa jurídica que tiene contratado el que asumirá la representación y defensa del Ayuntamiento en todos los procedimientos relacionados con el PGOU, al estar estas actuaciones incluidas dentro del contrato vigente.
Por el momento, el Gobierno municipal considera que no es posible realizar una valoración jurídica o técnica del conjunto de los recursos. El motivo, según explica, es que únicamente en dos de los procedimientos ya se ha presentado la demanda y, por tanto, se conocen los argumentos de los recurrentes. En los otros ocho casos solo se ha anunciado la interposición del recurso contencioso-administrativo y todavía no se han formulado las demandas.
Con respecto a las posibles consecuencias que estos recursos puedan tener sobre la aplicación del nuevo Plan General o sobre las actuaciones previstas en él, el Ayuntamiento evita realizar una valoración anticipada y responde que todo dependerá del sentido de la sentencia firme que se dicte en su momento.
