En el municipio de Getxo, la problemática del alquiler de viviendas complica la situación muchas personas.
Dos vecinas, con situaciones personales opuestas, han compartido sus historias con el Diario de Getxo, ilustrando las dificultades tanto de quienes buscan un hogar como de quienes enfrentan obstáculos para mantener sus propiedades.
Una madre soltera sin opciones
María -nombre ficticio-, madre soltera de 35 años, vive en Getxo con sus dos hijas de 5 años. Después de cinco años en el mismo piso de alquiler, ha recibido la notificación de que debe abandonarlo porque el hermano -del propietario -se mudará al lugar. Desde entonces, María se enfrenta a un muro infranqueable en su búsqueda de una nueva vivienda.
«Nadie quiere alquilarme por tener hijas pequeñas y porque me piden nóminas conjuntas que no puedo aportar», relata María, que trabaja no cumple con los requisitos que exigen los arrendadores. Además, denuncia la falta de apoyo de las instituciones: «En Etxebide hay viviendas vacías desde hace años cuyos inquilinos ni aparecen, y ni Servicios Sociales ni el Gobierno Vasco ofrecen soluciones reales».
Una propietaria atrapada en el limbo judicial
Por otro lado, Ana -también nombre ficticio-, una propietaria de Algorta, comparte la otra cara de la moneda. Su vivienda, alquilada a un matrimonio con hijos menores, lleva meses ocupada mientras acumula una deuda de 4.000 euros entre alquileres impagos y suministros. «Llevamos meses esperando que el juzgado tramite el desahucio, pero todo avanza con una lentitud desesperante», afirma Ana.
La situación financiera de Ana es crítica. Sin ningún otro ingreso, debe asumir un pago mensual de 1.100 euros por las obras de la fachada de la comunidad.
Para Ana, esta experiencia ha sido devastadora. «Después de esto, entiendo perfectamente por qué muchos propietarios prefieren no alquilar. No hay garantías ni justicia para quienes confiamos en el sistema», lamenta.
Un problema sin solución clara
Las historias de María y Ana reflejan un problema complejo y multifacético. Mientras que inquilinos como María enfrentan prejuicios y barreras económicas para acceder a una vivienda digna, propietarios como Ana se ven atrapados en un sistema judicial que no ofrece soluciones rápidas ni efectivas para proteger sus derechos.
En este contexto, la confianza entre propietarios e inquilinos parece cada vez más erosionada, y la falta de respuesta de las instituciones solo agrava la crisis del alquiler en Getxo. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio que garantice el derecho a la vivienda y, al mismo tiempo, la seguridad de los propietarios? Es una pregunta que, por ahora, sigue sin respuesta.
