La nota de prensa difundida por el Ayuntamiento de Getxo tras el pleno en el que se ha debatido la dimisión de la alcaldesa no busca informar con rigor sobre lo sucedido, sino construir un relato defensivo y victimista que elude el verdadero alcance político de la sesión. Un relato que se derrumba al contrastarlo con un dato esencial que el propio comunicado minimiza: una de las dos mociones que reclamaban su dimisión ha sido aprobada por el pleno.
Este hecho, por sí solo, invalida el principal argumento de la alcaldesa, que insiste en presentar la iniciativa como un “akelarre” o una campaña de acoso personal. No hay “akelarre” cuando una mayoría suficiente del órgano soberano de representación municipal respalda una moción de este calibre. Hay, en todo caso, un pronunciamiento político legítimo, fruto del debate democrático.
Uno de los ejes centrales del discurso de la alcaldesa es la idea de que la petición de dimisión responde a una conspiración política contra su persona. El uso del término “akelarre” por parte de la propia Amaia Aguirre, no es inocente: busca caricaturizar el debate, ridiculizar a la oposición y desplazar el foco desde los hechos cuestionados hacia una supuesta persecución personal.
Sin embargo, la realidad del pleno desmonta este argumento. Las mociones debatidas han seguido los cauces reglamentarios, han sido defendidos en sede institucional y sometidas a votación. Y una de ellas ha obtenido respaldo suficiente para ser aprobada. Convertir ese resultado en un acto de hostigamiento no solo es falaz, sino profundamente despectivo hacia el propio pleno y hacia la ciudadanía a la que representa.
Otro de los argumentos recurrentes de la alcaldesa es la reivindicación de la legalidad de sus actuaciones. La nota de prensa insiste en este punto como si la cuestión planteada fuera de naturaleza exclusivamente jurídica. Pero la petición de dimisión nunca se ha formulado en esos términos.
El debate no giraba en torno a si se había cometido un delito, sino a la responsabilidad política de la alcaldesa y a la idoneidad de su continuidad al frente del Ayuntamiento. Confundir —o fingir confundir— legalidad con legitimidad política es una estrategia clásica para eludir el control democrático. Y resulta especialmente grave cuando se utiliza para desautorizar una moción que ha sido respaldada por el propio pleno.
Llama poderosamente la atención que la nota de prensa del Ayuntamiento sobre lo sucedido hoy en el Pleno no aborde con claridad las razones concretas que han llevado a la presentación de las mociones de dimisión. No hay explicaciones detalladas, no hay reconocimiento del conflicto institucional generado y no hay una sola línea de autocrítica.
El mensaje que pretende trasladar el aparato de comunicación del ayuntamiento, y que coincide con el de la Alcaldesa, es claro: el problema no existe, y si existe es culpa de otros. Esta actitud no solo empobrece el debate público, sino que refuerza la percepción de una alcaldesa incapaz de asumir responsabilidades políticas, incluso cuando una parte significativa de la representación municipal se lo exige formalmente.
Quizás el aspecto más revelador del comunicado oficial sobre el relato de la sesión plenaria de hoy es el tratamiento que se hace del resultado del pleno. La aprobación de una moción que pedía la dimisión de la alcaldesa queda diluida, entre afirmaciones genéricas sobre el respaldo de su grupo y la supuesta intencionalidad política de la oposición.
Pero una moción aprobada por el pleno no es un gesto simbólico ni un ruido de fondo. Es una expresión política clara, que debería haber provocado una reflexión profunda por parte de la alcaldesa. En lugar de eso, el comunicado del ayuntamiento opta por relativizarla, como si el pronunciamiento del pleno fuera un inconveniente menor que conviene pasar por alto.
El conjunto de argumentos empleados por la alcaldesa revela una concepción del poder basada más en la resistencia que en la rendición de cuentas. Se gobierna mientras los números den, se deslegitima la crítica y se convierte el cuestionamiento político en agravio personal.
El pleno de hoy, lejos de cerrar la crisis, la ha evidenciado con mayor nitidez. La aprobación de una moción que reclama su dimisión demuestra que el problema no es una oposición “conspiradora”, sino una alcaldía incapaz de asumir que gobernar implica responder políticamente cuando la confianza institucional se quiebra.
En democracia, el victimismo no sustituye a la responsabilidad. Y los relatos de persecución no pueden ocultar un hecho incontestable. Y es que el pleno de Getxo ha pedido, al menos en una votación, la dimisión de su alcaldesa. Todo lo demás es retórica defensiva.
