La plaza de Villamonte vuelve a ser escenario de un nuevo incidente que ha encendido todas las alarmas. Este miércoles, una joven fue insultada por un grupo de magrebíes en el entorno, un episodio que obligó a intervenir a la Policía Local y que, según los vecinos, confirma lo que vienen denunciando desde hace años: que la plaza de la urbanización Villamonte se ha convertido en un foco de conflictividad e inseguridad.
Según la información facilitada por el Ayuntamiento al Diario de Getxo, la incidencia se registró en la tarde del miércoles, cuando el padre de la chica alertó de que varios varones magrebíes habían insultado a su hija. Los agentes acudieron al lugar e identificaron a cinco hombres. Además, a uno de ellos se le entregó una citación pendiente del Juzgado.
Para los residentes, sin embargo, lo ocurrido no es un hecho aislado. Se trata de “otro caso más” dentro de una larga lista de episodios que, aseguran, están destrozando la convivencia en esta urbanización del centro de Algorta.
En este contexto, los propietarios de 11 portales han decidido pasar a la acción. La comunidad ha comenzado a organizar derramas y preparativos para ejecutar un cierre parcial de la plaza, una medida que no sería permanente ni afectaría al funcionamiento diurno del entorno.
La propuesta es clara: mantener la plaza abierta durante el horario comercial y restringir el acceso fuera de ese horario, cuando los comercios ya están cerrados y, según denuncian los vecinos, el espacio queda convertido en un punto de reunión para grupos conflictivos, trapicheos, vandalismo y comportamientos intimidatorios.
El objetivo, sostienen, es tan simple como urgente: recuperar el descanso, la seguridad y el control de una urbanización que, pese a ser privada, soporta desde hace tiempo un deterioro constante.
Pero el plan vecinal ha chocado con una resistencia frontal. Y, según denuncian los residentes, el mayor obstáculo no es la comunidad ni la falta de consenso vecinal, sino la oposición rotunda de varios comercios ubicados en la plaza.
Entre los negocios que se oponen se encuentran una zapatería, una academia, una peluquería, un gimnasio y un centro de terapias alternativas. Sus responsables han recurrido a un abogado para frenar el cierre, pese a que la propuesta garantiza el acceso de su clientela durante el horario comercial.
Los vecinos aseguran que esta postura ha generado una indignación creciente, al considerar que se está bloqueando una medida razonable destinada a frenar una situación que ya consideran límite.
El Diario de Getxo ha contactado con el abogado de los comercios, quien ha afirmado que la urbanización ha pasado “como una apisonadora” sobre los negocios. Sin embargo, según ha podido conocer este medio los comercios eran conocedores de la propuesta de cerramiento desde que se comenzó a oficializar la propuesta en 2019.
Los vecinos insisten en que los comercios han tenido tiempo de sobra para negociar y que, pese a conocer la intenciones del vecindario no han mostrado disposición real a sentarse a buscar un punto intermedio. De hecho, los vecinos lamentan que los comercios no hayan ofrecido en ningún momento propuestas alternativas que ayuden a mejorar la seguridad o a reducir el conflicto.
La comunidad sostiene que su propuesta no solo garantiza el acceso en horario de apertura, sino que incluye medidas pensadas para minimizar cualquier impacto a los comercios y favorecer incluso la visibilidad de los negocios. Destacan por ejemplo, entre otros, el acceso garantizado durante el horario comercial, señalética y paneles anunciadores para guiar a la clientela o la reducción de la altura de los arbustos tras instalar la valla.
Por otro lado, el Diario de Getxo ha planteado varias preguntas al Ayuntamiento para esclarecer el marco jurídico. El Consistorio ha confirmado que la comunidad de propietarios de Villamonte no ha perdido la titularidad del espacio y que sigue siendo propiedad privada. Sin embargo, sostiene que desde 1985 la normativa urbanística ya fijaba su condición de espacio privado de uso público, condición que se habría mantenido en el PGOU de 2001 y en la revisión posterior.
A la pregunta de si existe algún título jurídico mediante el cual los propietarios hayan perdido la titularidad, el Ayuntamiento responde: “No, la titularidad continúa siendo privada.”
Sobre el cierre con horario comercial, el Ayuntamiento afirma que el informe jurídico del área de Planeamiento concluye que no es viable dentro de las obras permitidas para un espacio libre de uso público: “Entre las obras permitidas para el espacio libre de uso público no se contempla la posibilidad de cierre.”
En la práctica, esto deja a los vecinos en una situación que consideran desesperante: un espacio que es suyo, que mantienen económicamente y por el que asumen responsabilidades, pero que no pueden proteger con medidas físicas, pese al incremento de incidentes.
El suceso de este miércoles ha actuado como detonante emocional dentro de la urbanización.
Según el Ayuntamiento, la Policía Local tuvo constancia del suceso en el que se insultó a una joven por parte de un grupo de cinco varones que fueron identificados, al mismo tiempo que se llegó a entregar a uno de ellos una citación judicial pendiente.
Los vecinos aseguran que el entorno de la plaza de Villamonte se ha convertido en un punto de inseguridad para mujeres y residentes, y que la plaza, fuera del horario comercial, se degrada todavía más hasta convertirse en una “zona sin control”.
De hecho, algunos residentes informan a este medio que cuando ha sido necesaria la presencia de la policía, desde la Guardia urbana «se nos ha indicado que la policía municipal no interviene en la zona por tratarse de una urbanización privada, salvo por cuestiones especialmente graves, y que debemos ser los propietarios quienes tomemos medidas». Es por ello que la indignación es palpable entre los residentes. Y es que la medida que desean implantar, por decisión mayoritaria de los propietarios, se está viendo obstruida por algunos comercios de la zona.
La Comunidad de propietarios de Villamonte celebrará una Junta extraordinaria el próximo 11 de febrero.
Con los ánimos cada vez más crispados y con los incidentes repitiéndose, los vecinos insisten en que no buscan perjudicar a nadie: sino que más bien, buscan proteger su propiedad y su derecho a vivir con seguridad.
Pero el conflicto sigue enquistado. Por un lado, una mayoría residencial que exige medidas urgentes; por otro, unos comercios que se niegan rotundamente al cierre incluso con acceso garantizado; y en medio, un Ayuntamiento que, por el momento, se limita a ampararse en la normativa urbanística para descartar la medida.
