Dos alcaldesas del PNV. Dos municipios vizcaínos. Dos gobiernos en minoría. Y, sin embargo, dos formas completamente opuestas de entender la responsabilidad política.
Mientras Karmele Tubilla, alcaldesa de Santurce, ha presentado su dimisión tras un caso que ha generado sospechas y desgaste institucional, Amaia Aguirre, alcaldesa de Getxo, se niega a marcharse pese a que su Ayuntamiento está envuelto en un escándalo judicial mucho más grave y con imputaciones.
Tubilla ha renunciado alegando que su figura estaba siendo utilizada por otros partidos para atacar al PNV. En su comunicado ha defendido haber actuado con rigor y ejemplaridad.
El detonante fue la decisión de apartar a la concejala de Seguridad, Sonia López, después de que se conociera que mantenía una relación sentimental con un agente implicado en un proceso de promoción interna en la Policía Local.
Se sospechaba que la concejala podría haber filtrado el examen al agente, que obtuvo una de las mejores notas. Aunque Tubilla dijo que no había pruebas objetivas, la polémica creció y la oposición exigió una investigación completa.
Finalmente, Tubilla ha dimitido. El PNV queda ahora en una situación incómoda en Santurce y el teniente alcalde, Edorta Rodrigo, asumirá provisionalmente la alcaldía. La lectura es clara: ante la duda y el desgaste, Tubilla optó por apartarse.
En Getxo, el escenario es mucho más serio.
Amaia Aguirre sigue al frente del Ayuntamiento pese a que el pleno aprobó por mayoría una moción pidiendo expresamente su dimisión por el llamado caso palacete.
Un caso que no se queda en sospechas políticas dado que tres concejales han sido cesados e imputados y tres técnicos municipales están siendo investigados. Se investiga el derribo de un edificio protegido en la calle San Nicolás 11 y cabe recordar que la Ertzaintza registró por primera vez las dependencias del Ayuntamiento.
El asunto ya está en manos de los juzgados.
Aun así, Aguirre insiste en que ha actuado correctamente y acusa a la oposición de generar “ruido”. Pero los hechos son difíciles de maquillar. Cuando hay imputaciones y registros policiales, ya no hablamos de ruido, hablamos de un escándalo institucional.
El contraste deja en evidencia una contradicción política difícil de justificar. Mientras en Santurce Tubilla dimite pese a que decía no haber pruebas concluyentes, en Getxo Aguirre se mantiene en el cargo pese a que hay personas imputadas, hay un derribo de patrimonio protegido y hay intervención policial en el Ayuntamiento.
La diferencia es palpable. Y es que una dimite para proteger la institución; la otra se aferra al sillón aunque la institución esté bajo sospecha judicial. La alcaldesa de Getxo no solo ha decidido no dimitir, sino que además ignora el mandato político del pleno, que representa la mayoría municipal.
Esa actitud no es firmeza. Es atrincheramiento.
Porque una alcaldesa puede defender su inocencia, sí, pero cuando un caso alcanza esta gravedad, lo mínimo exigible es asumir responsabilidades políticas.
En Getxo, en cambio, el mensaje es otro. Aunque el pleno te lo pida, aunque haya imputados, aunque haya registros policiales, no pasa nada. La dimisión de Tubilla deja al PNV tocado en Santurce. Pero también lanza un mensaje de responsabilidad.
Lo de Getxo es justo lo contrario. Aguirre está convirtiendo un escándalo judicial en una batalla personal por mantenerse en el cargo, arrastrando al Ayuntamiento y al propio partido.
Y el resultado es claro. Son dos alcaldesas del mismo partido que han dado dos respuestas distintas, pero solo una parece entender que gobernar no es resistir, sino rendir cuentas.
Porque cuando una alcaldesa dimite por sospechas y otra no dimite ni con imputaciones, el problema no es la oposición: el problema es la alcaldesa
