Lo ocurrido en Algorta no es un debate sobre ocio juvenil, sino el resultado de la actitud reiterada de un grupo de jóvenes que ha decidido sistemáticamente situarse al margen de las normas básicas de convivencia en el uso del espacio público.
Las sanciones impuestas, que -segun los denunciantes – superan los 20.000 euros, no son fruto de un hecho puntual ni de un exceso administrativo. Responden a un patrón repetido de incumplimientos relacionados con el uso del famoso «carro musical» en la vía pública, especialmente en horario nocturno, con niveles de ruido fuera de los límites permitidos y sin respeto a las ordenanzas municipales.
Según ha denunciado una cuadrilla concreta junto a la denominada Algortako Gazte Txosna, los hechos recogidos incluyen intervenciones policiales en distintas ocasiones, como durante la Indabada -alubiada- en el frontón de San Nicolás, donde, según ellos, agentes de la Policía Municipal entraron para identificar a miembros del grupo en el momento en que intentaban continuar con la actividad, o en el entorno de la llamada taberna ambulante, donde también se produjeron al parecer identificaciones mientras se manipulaba y recogía el sistema de sonido.
Se trata de episodios que también habrían tenido lugar en celebraciones como Año Nuevo, donde se volvió a reproducir el mismo comportamiento.
Pese a ello, este grupo ha intentado presentarse públicamente como víctima y como representante de la juventud de Getxo, una afirmación que no se sostiene. La gran mayoría de los jóvenes del municipio no participan ni se identifican con estas prácticas ni con esta forma de actuar, que responde exclusivamente a la dinámica de una cuadrilla concreta.
Además, la estrategia de trasladar el conflicto al terreno político, con el respaldo de EH Bildu y de ciertos entornos mediáticos afines, busca desviar la atención del verdadero problema. No se trata de ideología ni de un supuesto ataque al ocio, sino del incumplimiento reiterado de unas normas que son iguales para todos.
La realidad es clara. Cuando se ignoran de forma continuada las ordenanzas municipales, las consecuencias llegan en forma de sanciones. Y en este caso, lejos de ser desproporcionadas, son la respuesta necesaria ante una actitud de desafío constante a las reglas básicas de convivencia.
