La obligatoriedad de la cita previa ha dejado de ser una herramienta de organización para convertirse, en demasiadas ocasiones, en una barrera que impide a los ciudadanos acceder a unos servicios públicos que financian con sus impuestos.
Un vecino nos envía su escrito relatando la negativa experiencia vivida en la oficina de la Diputación Foral de Vizcaya en Getxo.
CARTA AL DIRECTOR
Señor Director:
Hace unas semanas acudí a la oficina de la Diputación Foral de Vizcaya situada en la calle Sarrikobaso, en Getxo. Llegué a primera hora de la mañana con la intención de realizar una gestión administrativa.
Nada más entrar, antes incluso de preguntarme cuál era el trámite que necesitaba realizar, la primera pregunta fue: «¿Tiene cita previa?».
Al responder que no, la contestación fue tajante: sin cita previa no podía ser atendido. Pregunté si ese requisito era realmente necesario para cualquier gestión y se me respondió que sí, que absolutamente todos los trámites exigen cita previa. La explicación fue que no había personal disponible para atenderme.
La escena resulta difícil de comprender. Nos encontramos ante una administración pública financiada con los impuestos de todos los ciudadanos que, lejos de facilitar el acceso a los servicios públicos, convierte un trámite sencillo en un recorrido de obstáculos.
Un ciudadano que acude presencialmente a una oficina pública, en horario de atención y sin provocar ninguna alteración del servicio, es rechazado sin que nadie se interese siquiera por conocer qué necesita.
La cita previa nació como una medida excepcional durante la «pandemia». Sin embargo, lo que debía ser un instrumento organizativo se ha consolidado como un filtro que limita el acceso de los ciudadanos a la Administración. La comodidad organizativa ha terminado prevaleciendo sobre el derecho de los administrados a ser atendidos.
Resulta paradójico que una institución que dispone de importantes recursos económicos y humanos alegue falta de personal para atender a quien se presenta en sus dependencias.
La Administración existe para servir al ciudadano, no para obligar al ciudadano a adaptarse a la burocracia de la Administración.
La Diputación Foral de Vizcaya debería reflexionar seriamente sobre esta situación. La cita previa puede ser una opción útil para quien desee planificar su visita, pero nunca debería convertirse en una condición imprescindible que impida recibir atención presencial cuando existe personal en una oficina abierta al público.
La calidad de un servicio público no se mide por el número de edificios, departamentos o procedimientos que posee una institución, sino por la facilidad con la que un ciudadano puede resolver sus asuntos. Y, por desgracia, experiencias como la vivida en la oficina de Sarrikobaso transmiten precisamente la impresión contraria: una Administración cada vez más distante, más rígida y más preocupada por sus procedimientos internos que por atender a quienes la sostienen con sus impuestos.
Es hora de recuperar el sentido común. La Administración debe volver a estar al servicio del ciudadano y eliminar barreras innecesarias como la imposición generalizada de la cita previa.
Atentamente,
Un vecino de Getxo.
