El organo administrativo de recursos contractuales de la CAPV estima parcialmente el recurso interpuesto por INBISA S.A., con motivo de su exclusión del procedimiento y la adjudicación del contrato del servicio a otra empresa.
El Órgano Administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha declarado la nulidad del procedimiento para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de basuras municipal
En la resolución, que fue notificada al Consistorio getxotarra el pasado viernes, 1 de agosto, el citado organismo estima parcialmente el recurso interpuesto por INBISA S.A. con motivo de su exclusión del procedimiento y la adjudicación del contrato del servicio a otra empresa.
El contrato del servicio más caro e importante del Ayuntamiento -10 millones de euros anuales- fue adjudicado, en el pleno del 27 de mayo de 2014 -gracias a la abstención de Bildu y el voto a favor del PNV-, a la UTE formada por las empresas CESPA y ASASER, por ocho años (más cuatro posibles prórrogas de un año cada una). Los populares votaron en contra al entender que «este nuevo contrato no responde a las necesidades de Getxo y nada se ha hecho para mejorar la calidad del servicio que se prestará a nuestros vecinos». Los dos concejales del PSE también se abstuvieron.
Asímismo, en diciembre de 2012 los populares también votaron en contra de los pliegos de Condiciones técnicas para la contratación de los servicios de limpieza y recogida de basuras. Unos pliegos que fueron aprobados con el voto a favor del PNV y las abstenciones de Bildu y PSE.
Desde el Ayuntamiento se ha manifestado que el servicio de limpieza y recogida de basuras no se va a ver interrumpido y que «se va a continuar prestando con toda normalidad, en las mismas condiciones que se presta en la actualidad»
Además, el consistorio ha informado en una nota que va a interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo contra esta resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Una decisión que será llevaba al primer pleno post-vacacional del mes de septiembre para su ratificación. Asimismo, el Ayuntamiento va a solicitar la suspensión de la resolución hasta que el TSJPV dicte sentencia.
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