Los Populares también plantean que la Comisión cuente con el asesoramiento y colaboración de un TAG (Técnico de Administración General).
Hasta el momento, todas las Comisiones ordinarias y extraordinarias celebradas en el municipio, no han logrado aclarar lo sucedido con el polémico asunto del derribo del palacete “Irurak Bat”.
Por ello, el Partido Popular de Getxo considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante. Tal como se propuso en el pleno municipal del mes de septiembre, es urgente la creación de una Comisión especial que permita investigar en profundidad lo ocurrido, aportando mayor transparencia y rigor al proceso.
“Esta nueva comisión tiene como objetivo esclarecer los hechos y evitar que continúen
las dudas sobre este controvertido asunto” ha remarcado el Portavoz del Partido Popular de Getxo, Eduardo Andrade.
Por ello, el Partido Popular de Getxo ha presentado una moción en el pleno de este
mes de octubre, proponiendo a que el consistorio tome dos decisiones clave respecto
a dicha Comisión que investigará el derribo del Palacete “Irurak Bat”. En primer lugar, solicita que la alcaldesa delegue la presidencia de la Comisión a un miembro de la oposición, elegido por sorteo para garantizar de este modo, la imparcialidad y transparencia en la investigación.
Asimismo, los Populares plantean que la Comisión cuente con el asesoramiento y colaboración de un TAG (Técnico de Administración General) y un administrativo designados por la alcaldesa.
Con ello, la Comisión comenzaría sus trabajos el próximo 12 de noviembre a las 12:00 horas, con el objetivo de citar a comparecencia a técnicos, políticos y resto de involucrados, incluyendo a representantes de la cooperativa y la constructora responsable del derribo, que ya ha sido reconocido y está siendo objeto de investigación judicial. Asimismo, el propósito de esta Comisión es determinar si el Departamento de Urbanismo actuó de manera irregular y si existió un trato de preferencia hacia la Cooperativa vinculada a dos corporativos del ayuntamiento, siendo uno de ellos
fundador.
Esto ha llevado a que se investigue el por qué hubo un retraso de 18 días en la publicación de la suspensión de licencias, lo que se buscará determinar si este retraso favoreció de alguna manera a la cooperativa implicada. Además, resulta importante analizar la rapidez con la que se concedió la licencia de obras en tan
solo 4 meses, un tiempo que contrasta con los plazos habituales para otros getxotarras.
Por otro lado, la Comisión investigará si es una práctica común o excepcional que se
haya emitido la licencia a pesar de la falta de 10 documentos y 21 subsanaciones.
Este punto busca esclarecer si esta situación se trató de un procedimiento estándar o
si hubo un tratamiento especial para esta cooperativa.
El grupo Popular sigue poniendo en cuestión la falta de comunicación entre áreas del ayuntamiento y se pregunta “si este comportamiento es habitual en proyectos de
gran envergadura”, lo que les lleva también a destacar la falta de alerta por parte de la policía local cuando en febrero de 2024 no informó a urbanismo sobre la entrada de vehículos pesados a la obra, pese a que requería permiso para ello.
Igualmente, en mayo de este mismo año, la brigada de aguas cortó el suministro a una obra donde se estaba haciendo un agujero considerable, sin comunicarlo a Urbanismo lo que debió haber provocado una alerta mucho antes del derribo, pero no sucedió, lo que plantea la duda de si el consistorio sabía y optó por no actuar.
Eduardo Andrade ha finalizado sentenciando que “estas circunstancias alimentan la sospecha de un posible trato de favor hacia la cooperativa, una duda que sigue sin resolverse, aunque el derribo ha sido reconocido por el constructor, quien se deberá enfrentar a las consecuencias legales en los tribunales. Las respuestas a estos
interrogantes ayudarán a determinar si realmente hubo un trato preferente en este caso
