En un momento de creciente preocupación social por la falta de inversión en servicios públicos esenciales, el Ayuntamiento de Getxo ha incrementado de manera alarmante las subvenciones destinadas a las comisiones de fiestas locales. En solo diez años, estas ayudas han subido entre un 64% y un 77%
En 2015, las fiestas de San Ignacio – Algorta recibieron una subvención de 35.000 euros. En 2025, esa cifra ha ascendido a 57.616 euros, lo que supone un incremento del 64,62%. Por su parte, las fiestas de Romo han pasado de 27.500 a 45.268 euros (un 64,61% más), y las del Puerto Viejo, de 21.600 a 38.362 euros, registrando un aumento del 77,60%.
De nada sirvió mantener congeladas las subvenciones el año pasado si ahora se decide incrementarlas de forma desorbitada para compensar con creces aquella congelación.
“Es un auténtico despropósito”, opinan vecinos críticos con la gestión municipal. “Nos recortan en servicios sociales, en limpieza, en mantenimiento de espacios públicos, y sin embargo las subvenciones a fiestas no paran de crecer”, denuncian.
Mientras tanto, muchos vecinos reclaman una auditoría sobre el uso de estas subvenciones y una revisión profunda de los criterios con los que se otorgan. “Las fiestas son importantes, pero no a cualquier precio”, concluyen.
Lo más preocupante para muchos vecinos es a quién va a parar realmente ese dinero. Las llamadas “comisiones de fiestas” que gestionan estos fondos públicos están formadas en su mayoría por personas vinculadas ideológicamente a EH Bildu.
Lejos de ser asociaciones neutrales, funcionan en muchos casos como plataformas políticas encubiertas, que utilizan el paraguas de la cultura popular para fortalecer su influencia social y tejer redes clientelares.
“No se trata solo de cuánto se gasta, sino de quién controla ese dinero y con qué fines”, denuncia una ciudadana a la redacción del Diario de Getxo.
“Se están utilizando las fiestas para alimentar estructuras de poder locales y movilización ideológica» concluye.
En total, 141.246 euros públicos se repartirán este año entre las fiestas de los tres barrios más populares. Una cifra que debería abrir un debate serio sobre el papel del dinero público y la necesidad de separar la gestión cultural de los intereses políticos.
