El ayuntamiento informa que continúa con la reclamación de daños a la empresa saliente, pero…¿quién le reclama al propio Ayuntamiento por años de pasividad ante una situación que era de sobra conocida? Porque si la empresa incumplía sus obligaciones, ¿dónde estaba el control municipal?
A día de hoy ocho de las nueve rampas mecánicas de la calle Salsidu continúan paradas, agravando una situación que los vecinos llevan años denunciando. Lo que durante años fueron averías intermitentes —con una, dos, tres o incluso cuatro rampas paralizadas de forma cíclica— llegó a desembocar este año con la totalidad de las rampas inactivas y fuera de servicio.
Ante la creciente preocupación vecinal, el pasado 1 de julio, el Ayuntamiento de Getxo informó que la nueva empresa adjudicataria del mantenimiento de las rampas había realizado una inspección técnica completa para evaluar el estado actual de las instalaciones.
Según el consistorio, tras esta revisión, se procederá a «la puesta en marcha de la mayoría» de las rampas. Asimismo, se ha anunciado la «licitación de la modernización de las nueve rampas» con el objetivo de garantizar un funcionamiento duradero y eficiente.
Junto con estos pasos, el Ayuntamiento ha comunicado que continuará adelante con la reclamación de daños a la anterior empresa saliente, a la que atribuye buena parte de los problemas de funcionamiento prolongados en el tiempo.
El deterioro de este sistema de movilidad lleva años siendo motivo de queja por parte de los residentes de la zona. El pasado 30 de abril, tal y como recogió el Diario de Getxo, una vecina acudió al pleno municipal para denunciar públicamente la “dejadez histórica” en esta materia y exigir soluciones concretas.
Es positivo que el Ayuntamiento haya anunciado la reclamación de daños a la empresa saliente, responsable directa del deficiente estado de las rampas. Sin embargo, la pregunta que muchos vecinos se hacen es quién le reclama al propio Ayuntamiento por años de pasividad ante una situación que era de sobra conocida. Porque si la empresa incumplía sus obligaciones, ¿dónde estaba el control municipal? ¿Quién velaba por el cumplimiento del contrato? ¿Quién exigía que se respetaran los pliegos y se garantizara un servicio continuo y seguro?
Durante años, las rampas han fallado de forma intermitente sin que desde el consistorio se adoptaran medidas contundentes, más allá de anuncios puntuales y soluciones provisionales. Esa dejadez sostenida en el tiempo no puede quedar sin consecuencias. ¿Quién sanciona al Ayuntamiento cuando no cumple su parte? ¿Quién pide responsabilidades al equipo de gobierno por permitir que esta situación se arrastre durante tanto tiempo, afectando a la movilidad y la calidad de vida de cientos de vecinos?
La transparencia institucional no puede quedarse en señalar a terceros. La autocrítica y la rendición de cuentas también deberían formar parte de la respuesta pública. De lo contrario, las futuras promesas de mejora corren el riesgo de volver a quedar en papel mojado.
La falta de accesibilidad derivada de esta situación afecta especialmente a personas mayores, con movilidad reducida o que transportan carritos de bebé, en un barrio con importantes desniveles donde estas rampas suponen un elemento clave para la movilidad diaria.
