La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getxo aprobó el pasado 23 de diciembre el inicio de la tramitación para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de nuevos elementos de regulación y control del tráfico y de la calidad ambiental urbana en las denominadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), con un presupuesto máximo de 269.010,85 euros IVA incluido y una duración de dos años.
Este acuerdo supone un nuevo paso en la consolidación de una política de restricción de la movilidad que continúa generando un creciente rechazo social, no solo por su impacto directo sobre los conductores, sino por su falta de adecuación a la realidad ambiental del municipio.
Getxo no presenta problemas estructurales de contaminación atmosférica derivados del tráfico rodado. De hecho, cuando se registran episodios de contaminación, estos no guardan relación con el tráfico urbano, sino que están vinculados principalmente a la actividad industrial y empresarial del entorno portuario y zonas industriales próximas, cuya influencia es conocida.
Pese a ello, el Ayuntamiento opta por cargar el peso de la política ambiental sobre los conductores, ignorando deliberadamente el origen real de los focos contaminantes y aplicando restricciones donde no existe una relación causa-efecto demostrable.
El despliegue de sistemas de control del tráfico, cámaras, señalización y mecanismos de vigilancia ambiental supone una inversión pública significativa que no responde a una necesidad objetiva. Se destinan más de 269.000 euros a la implantación de un sistema de control del tráfico mientras se elude abordar el impacto real de la actividad industrial y portuaria, que es donde se concentran los verdaderos factores de presión ambiental.
Esta estrategia evidencia una política ambiental mal enfocada, que resulta más sencilla de aplicar sobre la ciudadanía que sobre grandes focos económicos e industriales.
Las Zonas de Bajas Emisiones implantadas en Getxo suponen una limitación directa del derecho a la movilidad, afectando especialmente a trabajadores, personas mayores, autónomos y familias que dependen del vehículo privado para su vida diaria y que no pueden asumir el coste de cambiar de coche.
Se penaliza al vecino sin ofrecer alternativas reales y eficaces de transporte, ni soluciones transitorias proporcionadas. El resultado es una política punitiva y excluyente, que criminaliza al conductor sin justificación ambiental.
La insistencia del Ayuntamiento en avanzar con las ZBE responde más a directrices políticas generales y postulados ideológicos que a un análisis riguroso de la situación local. Se aplica un modelo pensado para grandes ciudades.
La mejora del medio ambiente debe ser un objetivo compartido, pero no puede construirse sobre diagnósticos erróneos ni sobre la restricción sistemática de libertades. En Getxo, las Zonas de Bajas Emisiones se han convertido en un fin en sí mismo, no en una herramienta eficaz para mejorar la calidad del aire.
Mientras no se aborde el impacto real de la actividad industrial y portuaria, insistir en limitar el tráfico urbano resulta ineficaz, injusto y profundamente desproporcionado.
Avanzar hacia una movilidad sostenible exige datos, rigor, proporcionalidad y alternativas reales, no la imposición de normativas que castigan al ciudadano sin ofrecer beneficios ambientales claros ni medibles.
