El procedimiento judicial por el derribo de un palacete protegido en Getxo estuvo a punto de prescribir y quedar archivado sin que se depuraran responsabilidades. La intervención del portavoz del PP en el municipio, Eduardo Andrade, resultó clave para evitarlo tras solicitar la ampliación de la fase de instrucción cuando el plazo legal estaba a punto de agotarse.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa para completar la instrucción. En ese momento, quedaban numerosas diligencias relevantes por practicar, entre ellas un importante informe de la Ertzaintza incorporado recientemente, ampliatorio de otro anterior, que hacía imprescindible prolongar la investigación. Ante esta situación, la jueza que en octubre estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo accedió a conceder una prórroga de seis meses, a petición expresa de Andrade, personado como acusación popular.
“La instrucción se amplió porque faltaban muchas diligencias por realizar y porque acababa de incorporarse un informe policial clave. Era necesario ampliar esta fase y así se hizo”, ha explicado el portavoz popular. La prórroga vigente concluye en abril, pero, a juicio de Andrade, la causa aún no está madura para cerrarse.
En su opinión, “sigue quedando mucha prueba más por practicar, que ya se ha solicitado y está pendiente de ser autorizada por el juez, por lo que será necesaria una nueva prórroga”. De no concederse, advierte, el riesgo de prescripción volvería a sobrevolar un procedimiento de gran complejidad.
Gracias a esa ampliación, el juzgado iniciará esta semana la toma de declaración de las personas relacionadas con el derribo del histórico edificio, protegido por su catalogación municipal y demolido en agosto del 2024 para levantar 12 viviendas de lujo. Será la primera comparecencia judicial de los presuntos implicados tras meses de investigación policial.
El caso fue desvelado en primicia por el Diario de Getxo, que fue el primer medio en informar del derribo del palacete y de la implicación de una cooperativa vinculada a dos concejales del PNV. La publicación provocó una fuerte reacción social y política en el municipio y abrió un proceso judicial que ahora entra en una fase decisiva.
Entre los citados como investigados figuran el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación. Además, el juez ha citado como testigos a un empresario que descartó previamente la operación por no ser viable económicamente y al técnico que elaboró la Inspección Técnica del Edificio (ITE).
La solicitud de prórroga presentada por el portavoz del PP ha sido determinante para que el caso no prescribiera y pueda seguir avanzando cuando estaba a punto de quedar impune por el paso del tiempo.
