La Ertzaintza registra este miercoles el Ayuntamiento de Getxo por orden judicial en el marco de la investigación por el derribo de un palacete protegido, demolido en agosto de 2024 para la construcción de 12 viviendas de lujo. Los agentes han accedido a las dependencias municipales del área de Urbanismo, ubicadas en el edificio de Santa Clara, para recabar documentación relacionada con el expediente.
La actuación policial se enmarca en la causa judicial abierta para depurar posibles responsabilidades penales en una operación urbanística vinculada a una cooperativa en la que participan dos concejales del PNV. El inmueble derribado contaba con protección por su catalogación municipal, lo que motivó la apertura de diligencias judiciales tras una investigación policial prolongada.
El registro se produce en un momento clave del procedimiento, después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo prorrogara la fase de instrucción para evitar la prescripción del caso. La ampliación fue acordada tras la solicitud del portavoz del PP en el municipio, Eduardo Andrade, personado como acusación popular, cuando el plazo legal estaba a punto de expirar y aún quedaban diligencias relevantes por practicar, entre ellas informes ampliatorios de la Ertzaintza.
Gracias a esa prórroga, la investigación continúa activa y en las próximas fechas está previsto que comiencen las declaraciones judiciales de los investigados, entre los que figuran el administrador de la gestora de cooperativas, responsables de la constructora y técnicos que intervinieron en el proyecto. El juzgado también ha citado a varios testigos clave relacionados con la operación.
El ‘caso palacete’, destapado en su día por el Diario de Getxo, provocó una fuerte reacción social y política en el municipio y se ha convertido en uno de los mayores escándalos urbanísticos recientes de la localidad. El registro municipal refuerza la relevancia de una investigación que entra ahora en una fase decisiva.
