El Ayuntamiento de Getxo ha reaccionado al registro judicial por el expediente urbanístico de San Nicolás 11 -derribo del histórico edificio protegido- con un comunicado en el que niega cualquier irregularidad y da por correcta su actuación, pese a que la investigación sigue abierta y se encuentra bajo secreto de sumario.
La respuesta institucional, encabezada por la alcaldesa Amaia Aguirre, opta por el cierre de filas y evita entrar en el fondo de las cuestiones que han motivado la intervención judicial.
En la nota de prensa difundida tras el registro, el Consistorio insiste en que la tramitación del expediente “se ajustó a la legalidad” y que contó con los informes técnicos pertinentes, sin aportar detalles adicionales ni aclarar qué aspectos concretos están siendo analizados por el juzgado. El mensaje oficial se centra más en transmitir tranquilidad que en ofrecer explicaciones públicas sobre un procedimiento urbanístico que ha terminado bajo investigación judicial.
La alcaldesa ha afirmado que “no consta ninguna irregularidad” en la actuación municipal, una declaración rotunda que choca con el hecho de que la Ertzaintza haya accedido a dependencias municipales por orden judicial para recabar documentación.
Pese a ello, Aguirre sostiene que el Ayuntamiento actuó “correctamente» en todo momento y presenta la paralización de las obras por un derribo sin licencia como prueba de la diligencia municipal.
Sin embargo, la investigación judicial apunta a un análisis más amplio del expediente, más allá de ese episodio concreto, lo que cuestiona el intento del Gobierno municipal de acotar el problema a una actuación puntual de la promotora. Aun así, el comunicado municipal da por zanjado el debate sobre la corrección del procedimiento antes de que la justicia se pronuncie.
La alcaldesa ha asegurado que, si se acreditara alguna vulneración legal o ética, el Ayuntamiento actuará “con contundencia”, aunque esa declaración convive con un discurso institucional que descarta de antemano cualquier responsabilidad y elude asumir errores políticos o administrativos.
Con el secreto de sumario aún vigente, el comunicado del Ayuntamiento deja más preguntas que respuestas y evidencia una estrategia de defensa cerrada ante un caso que vuelve a poner en entredicho la gestión urbanística del Consistorio y su política de transparencia.
