El Ayuntamiento de Getxo ha activado un Acuerdo Marco para la contratación de servicios de defensa y representación jurídica, un movimiento que llega en un momento especialmente sensible para el Consistorio, inmerso en una sucesión de litigios que han puesto a prueba su capacidad interna para afrontar procedimientos complejos.
El expediente, que también incluye a Getxo Kirolak, Getxo Kultura y la Residencia Municipal, busca dotarse de un sistema más ágil y especializado para responder a un escenario judicial cada vez más exigente.
El Informe de necesidad elaborado para justificar este contrato indica expresamente que el Ayuntamiento “carece de medios personales y materiales suficientes” para asumir internamente la defensa jurídica que requiere su actividad ordinaria. La documentación reconoce además que las consultas y actuaciones jurídicas son “variadas, especializadas e imprevisibles”, lo que hace inviable anticipar el volumen real de trabajo.
Aunque los pliegos no mencionan casos concretos, la decisión se produce tras una etapa marcada por resoluciones desfavorables para el Ayuntamiento en asuntos de gran repercusión pública, como el tanatorio, la rotonda de Azkorri o diversos procedimientos urbanísticos. A ello se suma ahora la inminente controversia por el derribo del palacete, un asunto que previsiblemente abrirá un nuevo frente judicial de alto impacto.
En este contexto, la creación de un Acuerdo Marco no solo responde a una necesidad técnica, sino también a la urgencia de reforzar una estructura jurídica municipal que ha demostrado ser insuficiente ante la presión litigiosa actual.
El contrato se divide en seis lotes, que abarcan desde el contencioso-administrativo (urbanismo, función pública y asuntos generales) hasta el ámbito laboral, civil, mercantil y penal. Cada lote contará con varios proveedores homologados, lo que permitirá al Ayuntamiento seleccionar al profesional más adecuado en función del caso.
Los servicios incluyen una defensa jurídica completa y el Ayuntamiento exige que cada licitador cuente con un seguro de responsabilidad civil profesional de al menos 300.000 €, un abogado con 5 años de experiencia en el área del lote y Dirección acreditada de al menos 8 procedimientos judiciales relevantes.
El pliego subraya que los trabajos de defensa jurídica son “de carácter personalísimo”, lo que explica la insistencia en acreditar experiencia real y verificable.
La duración inicial será de 12 meses con posibilidad de hasta 3 prórrogas (duración máxima 48 meses), pero con un presupuesto estimado total de 300.000 euros
No obstante, el Ayuntamiento recuerda que esa es la duración máxima legal para un Acuerdo Marco y que la necesidad es “permanente”.
La aprobación de este Acuerdo Marco supone un paso imprescindible -segun el informe de necesidad del ayuntamiento- para garantizar una defensa jurídica adecuada, pero también deja entrever una realidad incómoda: la estructura municipal no ha sido capaz de absorber la creciente complejidad de los litigios que afronta.
Los pliegos lo reconocen sin rodeos. Y es que se indica que la entidad no dispone de los medios humanos suficientes y debe recurrir al mercado para cubrir necesidades básicas de defensa jurídica. En un momento en el que el Ayuntamiento encara nuevos procedimientos de alto impacto —como el del palacete—, la profesionalización y externalización de estos servicios se convierte en una medida tan necesaria como reveladora.
