El Ayuntamiento de Getxo ha puesto en marcha la primera fase de los Presupuestos Participativos para 2027 con un discurso oficial centrado en facilitar la participación ciudadana. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas por el concejal de Participación Ciudadana, Gorka Mostajo, en la última comisión informativa de Ciudadanía han vuelto a poner en cuestión el verdadero alcance de este proceso y han abierto un nuevo frente de críticas sobre la forma en la que el gobierno municipal concibe la participación.
Durante la comisión, el responsable del área adelantó algunas de las novedades que se introducirán este año, entre ellas el envío a los domicilios de folletos “más grandes y más claros”. Según explicó, esta decisión responde a la constatación de que en años anteriores muchas personas no habían entendido bien el objetivo de los presupuestos participativos, una afirmación que ya evidencia el escaso impacto que ha tenido este proceso tras casi una década de funcionamiento.
Pero la cuestión más polémica no está en el tamaño del folleto, sino en el contenido del nuevo formulario que reciben los vecinos. El Ayuntamiento ha decidido incorporar una serie de preguntas orientativas con el objetivo de “reorientar” las propuestas ciudadanas. El motivo, según el propio concejal, es evitar que se presenten iniciativas como la poda de árboles o la mejora de la jardinería, peticiones que el gobierno municipal considera simples quejas y que, por tanto, quedan descartadas dentro de este proceso.
En la práctica, esto supone que los llamados presupuestos participativos llegan ya condicionados desde el propio Ayuntamiento. En lugar de abrir un espacio real para que la ciudadanía plantee libremente sus prioridades, el gobierno municipal introduce preguntas previas que guían la respuesta del vecino hacia determinadas líneas de actuación.
El propio concejal defendió este sistema afirmando que estas “ayudas pueden servir para hacer mejores propuestas de la ciudadanía”. Una frase que generado malestar, ya que implica asumir que los vecinos no son capaces de formular propuestas por sí mismos sin la intervención orientadora del Ayuntamiento.
El mensaje implícito es difícil de ignorar: la ciudadanía necesita que la administración le “encienda la bombilla”. De hecho, ese fue precisamente el término utilizado para justificar la inclusión de estas preguntas guía en los folletos informativos. Una explicación que refuerza la sensación de que el Ayuntamiento no busca escuchar a la ciudadanía, sino dirigirla.
A esta estrategia se suma otra indicación incluida en los nuevos formularios: se pide expresamente a los vecinos que sean breves en sus respuestas. Al mismo tiempo, el folleto incorpora una lista de áreas municipales y colectivos —como euskera, igualdad o cultura— que, según el gobierno local, reciben menos propuestas y que se incluyen para “dar ideas” a la ciudadanía.
Lejos de ampliar la libertad de participación, esta medida vuelve a señalar un intento de orientar las propuestas hacia ámbitos concretos definidos previamente por el propio Ayuntamiento. En lugar de recoger las prioridades reales de los vecinos, el proceso parece diseñado para canalizar las aportaciones hacia aquellos departamentos que el gobierno municipal considera oportunos.
Todo ello refuerza una crítica que ya se viene repitiendo desde hace años. Y es que los presupuestos participativos en Getxo corren el riesgo de convertirse en un mecanismo más de comunicación política que en una herramienta real de cogobernanza.
El Ayuntamiento mantiene el control total del proceso —desde el tipo de propuestas que se pueden hacer hasta la forma en la que deben formularse— mientras presenta la iniciativa como un ejemplo de participación abierta. La paradoja es evidente. Mientras el discurso institucional insiste en que se quiere escuchar a la ciudadanía, las propias reglas del proceso y las orientaciones introducidas en los formularios muestran un modelo de participación dirigido y cuidadosamente encauzado por el propio gobierno municipal.
Tras casi diez años de presupuestos participativos, el balance que se desprende de estas decisiones resulta preocupante. En lugar de confiar en la capacidad de los vecinos para identificar y proponer soluciones a los problemas de su municipio, el Ayuntamiento parece decidido a tutelar, filtrar y reconducir sus ideas desde el primer momento.
Más que un ejercicio de participación real, el proceso corre el riesgo de convertirse en un trámite administrativo en el que el ciudadano participa dentro de un guion previamente marcado por el propio Ayuntamiento. Un modelo que, lejos de fortalecer la democracia local, proyecta una imagen clara de desconfianza institucional hacia la propia ciudadanía.
