El contenedor marrón en Getxo no solo no funciona: retrocede de forma evidente. Los datos oficiales, expuestos en comisión informativa por la concejal de Servicios e Infraestructuras, Janire Ocio (PNV), confirman una caída estrepitosa: de 7.638 tarjetas activas en junio de 2025 a apenas 6.500 en abril de 2026. Un descenso claro que desmonta cualquier relato de éxito y evidencia el desinterés mayoritario de la ciudadanía por el sistema.
La campaña institucional “A ze marroia”, lejos de revertir la situación, ha resultado un fracaso sin paliativos. “No ha sido nada positiva”, reconocía la propia Ocio. Mientras tanto, el dato clave sigue siendo demoledor: entre el 50% y el 60% de los residuos del contenedor gris son orgánicos.
En lugar de abrir un debate serio sobre por qué el modelo no convence, el foco se ha desplazado hacia propuestas de corte abiertamente coercitivo. El concejal de EH Bildu en Getxo, Ibón Rodríguez, ha optado por la vía más directa: castigar económicamente a quienes no se adapten al sistema provocando las risas de algunos de los presentes, incluida la propia Ocio.
Su receta es la siguiente: “Al que recicla le cobras 20 y al que no, le cobras 200”. Una afirmación que no deja lugar a interpretaciones. Su planteamiento pasa por imponer sanciones masivas a una mayoría social que, hoy por hoy, no utiliza el contenedor marrón.
Lejos de matizar, Rodríguez reforzó su postura insistiendo en que “cuando la conciencia no avanza llegan las medidas coercitivas”, defendiendo abiertamente “castigar a quien no recicla”. Un discurso que sitúa a miles de vecinos directamente en la diana política.
No se trata de una salida puntual, sino de una línea de actuación reiterada. Desde su propia “butaca incómoda” en el pleno —término que él mismo ha utilizado— Rodríguez ha construido históricamente un discurso basado en señalar y presionar a distintos colectivos: trabajadores cuestionados por no hablar euskera, propietarios a los que ha propuesto sancionar por tener viviendas vacías o incluso posicionamientos para eliminar elementos de protección en fincas privadas en plena preocupación por los allanamientos.
Ahora, el objetivo son los vecinos que no usan el contenedor marrón. Es decir, la mayoría. El problema de fondo, sin embargo, sigue sin abordarse: un sistema que no funciona, con fallos técnicos reiterados en cerraduras, sin una evaluación real desde su implantación y con medidas improvisadas que no han logrado generar hábito.
De hecho, el propio Ayuntamiento reconoce que está en fase de prueba para sustituir las tarjetas por un sistema móvil: “Se están empezando a cambiar las cerraduras… la tarjeta podrá llevarse en el móvil”, explicó Ocio. Otro intento de parche sobre un modelo que sigue sin convencer.
Mientras tanto, la única propuesta contundente que emerge desde EH Bildu no pasa por mejorar el sistema, sino por endurecerlo a golpe de sanción. No por convencer, sino por imponer.
En este escenario, la distancia entre la realidad social y el discurso político se hace cada vez más evidente: frente a un sistema que pierde usuarios y una campaña fallida, la respuesta no es la autocrítica ni la mejora estructural, sino la amenaza directa al bolsillo de los vecinos.
Una estrategia que, lejos de solucionar el problema, apunta a profundizar aún más el rechazo ciudadano hacia un modelo que, a día de hoy, sigue sin funcionar en Getxo.
