El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa penal abierta por el derribo de la histórica casona de la calle San Nicolás, una decisión que pone fin —al menos por la vía penal y salvo recurso— a una investigación que durante dos años ha sacudido al Ayuntamiento de Getxo.
La resolución no entra a valorar políticamente la gestión del derribo ni convierte en acertada la decisión de hacer desaparecer el inmueble. El archivo se fundamenta en una cuestión estrictamente jurídica: el magistrado considera aplicable el criterio establecido previamente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el caso de ‘La Aldea’, según el cual la consideración de un edificio como inmueble de ‘custodia municipal’ no implicaba automáticamente que pasara a tener una protección patrimonial suficiente para impedir su demolición tras los cambios legislativos.
Sobre esa base, el juez concluye que el inmueble no contaba con el grado de protección necesario para sostener los delitos que se investigaban: uno contra el patrimonio y otro de prevaricación. Las partes todavía pueden recurrir el auto.
Una decisión judicial no borra dos años de polémica
El archivo penal cierra una parte del caso, pero no borra el debate político que provocó el derribo ni las decisiones adoptadas desde el Ayuntamiento. Tampoco devuelve a Getxo un edificio histórico que ya no existe.
La desaparición de la casona se produjo en el marco de una operación inmobiliaria para levantar doce viviendas de lujo, en una promoción vinculada a una cooperativa de la que formaban parte dos concejales del equipo de Gobierno. La implicación de los ediles terminó provocando su salida de la Corporación, junto a la de un tercer concejal del PNV relacionado con el caso.
El asunto alcanzó además una dimensión especialmente grave cuando la investigación llevó a la Ertzaintza a registrar dependencias municipales, incluidas las áreas de Urbanismo, y a intervenir documentación y dispositivos electrónicos relacionados con las actuaciones investigadas.
La causa llegó a situar bajo investigación a diez personas, entre ellas los tres concejales, responsables de la cooperativa, promotores, un arquitecto y personal técnico del área municipal de Urbanismo.
El edificio ya no está y esa es la consecuencia que permanece
El elemento que ninguna resolución judicial puede cambiar es el resultado material de aquella operación: la casona histórica fue derribada y el solar quedó destinado a una nueva promoción residencial.
El archivo determina que, con el marco jurídico considerado por el juez, no pueden sostenerse los delitos investigados. No determina que el derribo fuera una buena decisión para el patrimonio de Getxo, ni elimina las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de cómo se gestionó aquella operación.
Y ahí permanece una de las principales cuestiones que han acompañado al caso desde el principio: cómo fue posible que un inmueble cuya protección y situación administrativa generaron semejante controversia terminara desapareciendo para dar paso a una promoción privada.
El ‘caso palacete’ puede quedar archivado judicialmente. La pérdida del edificio, las decisiones políticas que rodearon su derribo y el debate sobre la gestión municipal del patrimonio, en cambio, forman ya parte de la historia reciente de Getxo.
