La creación del censo de ADN canino en Getxo, una medida destinada a identificar a los propietarios que no recojan las heces de sus perros, tendrá que esperar. Así lo ha confirmado el concejal del área, Iñigo Urquiza, quien ha señalado que este proyecto está supeditado a la aprobación de la nueva Ordenanza de Protección Animal, cuyo borrador aún se encuentra en fase de elaboración.
Esta decisión ha generado críticas entre los vecinos, ya que la creación del censo fue la segunda propuesta más votada en los presupuestos participativos de 2024, solo superada por la instalación de más aseos públicos en el municipio. A pesar de este respaldo popular, el equipo de gobierno ha decidido posponer su puesta en marcha, justificando que debe integrarse dentro del marco normativo de la nueva ordenanza.
El objetivo principal de este censo es disuadir a los propietarios de perros que no recojan los excrementos de sus mascotas, un problema que afecta a la limpieza y salubridad de las calles de Getxo. Sin embargo, vecinos y asociaciones han señalado que este tema está más relacionado con el área de limpieza viaria que con la protección animal, y consideran que el retraso no tiene justificación.
«Es una medida que ya debería haberse implementado, porque responde a un problema directo en las calles. Si se votó en los presupuestos participativos, debería haberse priorizado en función de las necesidades ciudadanas», apunta un residente.
El censo de ADN canino ha sido adoptado en otros municipios con resultados positivos, permitiendo identificar a los responsables de excrementos no recogidos y mejorando la limpieza urbana. No obstante, en Getxo habrá que esperar a que la nueva normativa esté finalizada y aprobada, lo que podría retrasar aún más su implementación.
Desde el equipo de gobierno han asegurado que la ordenanza incluirá medidas integrales para el bienestar animal y garantizará que la creación del censo se realice de manera coherente con este marco legal. Sin embargo, la decisión ha dejado insatisfechos a muchos ciudadanos que ven en esta medida una solución inmediata a un problema cotidiano.
La demora en su implementación pone en entredicho la efectividad de los presupuestos participativos, un mecanismo que, en este caso, no ha logrado traducir una propuesta votada en una acción concreta a corto plazo.
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