Lo ocurrido recientemente en Getxo con el desahucio frustrado de un matrimonio y sus dos hijos por impago del alquiler -caso que conozco muy de cerca – es una muestra más del absoluto desprecio que sufren los propietarios. Tras casi un año de espera y un procedimiento costoso, -en torno a 2.000 euros-, el desahucio quedó cancelado a última hora el día anterior de la fecha programada por una “cuestión administrativa”. Al parecer al juez le faltaba un papel. Literalmente. Un papel.
¿El resultado? Nueva fecha de desahucio fijada para diciembre de 2025. ¿Y qué garantías hay de que entonces no volverá a suspenderse por otro tecnicismo absurdo? Ninguna. Porque ni siquiera se ha establecido fecha de juicio. Y aquí es donde me pregunto: ¿Si aún no hay ni fecha de juicio ni sentencia, cómo es que se vuelve a fijar fecha de lanzamiento de desahucio por segunda vez?
En España ser propietario es jugar a la ruleta rusa legal, siempre con el Estado del lado del inquilino moroso. Pero alguno se debe creer que esto no es España y que aquí todo funciona a las mil maravillas. Pues no. El Juzgado de Getxo está colapsado más que ningún otro juzgado de la comarca. Y es que a raiz de este caso sé que la situación de los juzgados del municipio es de caos absoluto.
No hay protección jurídica real para el que cumple la ley, paga impuestos y mantiene una propiedad. La conclusión es que si eres inquilino y no pagas, no pasa nada. Tienes tiempo, comprensión, y hasta respaldo político de los bildutarras, los socialistas y los podemitas. Si eres propietario, prepárate para la indefensión, el desgaste económico y la desesperación.
Mi consejo es simple: no alquilen su casa. No lo hagan. No mientras sigamos gobernados por una clase política que legisla para premiar al que incumple y castigar al que hace las cosas bien. Es un sistema podrido, diseñado por irresponsables o cómplices. Porque si no hay defensa de la propiedad privada, no existe nada.
La propiedad privada no es solo un bien material; es un pilar básico de cualquier sociedad libre y democrática. Su defensa garantiza que el fruto del trabajo, del ahorro y del esfuerzo personal esté protegido por el Estado. Cuando esa protección desaparece, cuando los propietarios quedan indefensos frente a los abusos, lo que se erosiona no es solo un derecho individual: se socava toda la estructura de convivencia.
Si el Estado no garantiza que una persona pueda recuperar lo que es suyo —como una vivienda ocupada por inquilinos morosos—, entonces tampoco garantiza la ley, ni la justicia, ni el principio más elemental de orden: el respeto por lo ajeno. Sin eso, ¿qué queda? Inseguridad, arbitrariedad y el avance de los que viven a costa del resto.
