Getxo vive esta semana una de las imágenes más devastadoras de su historia institucional reciente: agentes de la Ertzaintza registrando el Ayuntamiento por orden judicial, cámaras apostadas en el exterior del Consistorio y el nombre del municipio copando titulares en medios locales y nacionales por un presunto escándalo urbanístico.
Un espectáculo impropio de una administración que presume de buena gestión y transparencia, y absolutamente incompatible con la continuidad política de su alcaldesa.
Nada de esto ocurre por casualidad. Nada de esto es “normal”. Y nada de esto puede despacharse con un vídeo institucional negando irregularidades y afirmando, sin rubor, que “se ha actuado correctamente en todo momento”. Esa respuesta no solo es insuficiente: es irresponsable.
Amaia Aguirre es la máxima responsable política del Ayuntamiento de Getxo. Bajo su mandato, la Ertzaintza ha tenido que entrar en dependencias municipales para requisar documentación urbanística. Bajo su mandato, un expediente concreto —San Nicolás 11— ha terminado en manos de un juzgado. Bajo su mandato, la imagen del municipio ha quedado seriamente dañada. Y, sin embargo, la alcaldesa se limita a negar, minimizar y cerrar filas, como si la gravedad de lo ocurrido fuera una molestia pasajera y no una crisis institucional de primer orden.
Lo ocurrido tras el registro es aún más preocupante. Ni una sola palabra de autocrítica. Ni una sola asunción de responsabilidad política. Ni una sola decisión orientada a proteger la credibilidad de la institución por encima de los intereses personales o de partido. Solo un mensaje defensivo, repetido como un mantra: aquí no ha pasado nada.
Pero ha pasado. Y mucho.
Que un ayuntamiento sea registrado por la policía autonómica no es un trámite administrativo. Es un hecho excepcional que exige respuestas excepcionales. Exige explicaciones públicas claras, exige responsabilidades políticas y exige, llegado este punto, un paso al lado. Porque gobernar no es solo tener razón cuando todo va bien; es saber marcharse cuando la institución queda bajo sospecha.
Especialmente grave resulta el silencio del partido de la alcaldesa. Que, ante una situación de esta magnitud, no se haya tomado ninguna decisión para apartar a Amaia Aguirre, ni siquiera de forma cautelar, transmite una sensación de impunidad y desconexión absoluta con la ciudadanía. El mensaje es demoledor: el partido se protege a sí mismo antes que a Getxo.
La alcaldesa afirma que si se detectara alguna irregularidad se actuará “con contundencia”. Pero la contundencia que Getxo necesita ahora no es retórica ni futura. Es política y presente. Y empieza por asumir que su continuidad es incompatible con la dignidad institucional del cargo que ocupa.
Getxo no merece verse arrastrado por un descrédito que no le corresponde. No merece que su Ayuntamiento sea noticia por registros judiciales. No merece una alcaldesa atrincherada en la negación mientras el municipio paga el precio reputacional.
Por higiene democrática, por responsabilidad política y por respeto a la ciudadanía, Amaia Aguirre debe dimitir. No mañana. No cuando lo diga un juez. Ahora.
Porque cuando la institución cae, alguien tiene que asumir el coste. Y ese alguien, le guste o no, es la alcaldesa.
