El portavoz del Partido Popular de Getxo, Eduardo Andrade, ha endurecido sus críticas contra la alcaldesa a raíz del vídeo difundido para dar explicaciones tras el registro de la Ertzaintza en el Ayuntamiento, cuestionando tanto la escenografía elegida como el contenido de su mensaje.
En una entrevista radiofónica, Andrade afirmó que la imagen transmitida por la alcaldesa le resultó impropia de una comparecencia institucional. “Cuando vi el vídeo pensé que ya estaba detenida, porque ese fondo que se puso leyendo un cartel que tenía encima del micrófono parecía que solo le faltaba el cartel de presa”, señaló. Al mismo tiempo, la acusó de “mentir una vez más” al negar la existencia de irregularidades.
Según el portavoz popular, el propio expediente analizado por la Ertzaintza “habla bien claro de irregularidades en el procedimiento”. Andrade recordó que el derribo del palacete está “vinculado a una actuación administrativa y política”, que fue precisamente lo que él denunció ante el juzgado. “Ahora hay que descubrir si se hizo cumpliendo las normas o no”, añadió.
Andrade subrayó que no es una valoración política, sino policial, al asegurar que “son los ertzainas los que califican de probable prevaricación”. En ese contexto, afirmó que la alcaldesa “no puede decir que no hay ninguna irregularidad” y defendió que debería haberse personado en la causa. “Ella tendría que estar personada en la causa como estoy yo. Tenía que estar el ayuntamiento para defender los intereses de los vecinos de Getxo, buscando la legalidad y la transparencia en todo lo que ha pasado”, afirmó.
El portavoz del PP criticó además que ni el Ayuntamiento, ni el PNV ni ningún otro responsable municipal se hayan personado en el procedimiento judicial. “Ella tenía que estar personada en la causa y no lo está, ni el ayuntamiento, ni el PNV ni nadie”, insistió.
Por último, Andrade cuestionó la forma en la que el Ayuntamiento resolvió el expediente administrativo. “Ellos resolvieron el expediente con 30.000 euros de multa y se quedaron tan tranquilos, sin dar explicaciones en el ayuntamiento. Van, ponen una multa de 30.000 euros y dicen ‘aquí no ha pasado nada’”, concluyó.
