El escándalo del derribo del palacete protegido de la calle San Nicolás estalla en sede judicial
El caso del palacete de Getxo da hoy un giro explosivo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Getxo ha levantado el secreto de sumario y ha imputado formalmente a tres concejales del PNV del Ayuntamiento de Getxo y a tres técnicas del área de Urbanismo por su presunta implicación en el derribo de un inmueble protegido para construir viviendas de lujo.
Así consta en el auto dictado este viernes 22 de enero de 2026 por la jueza Neus Galobardes Bofill, que aprecia indicios de delito contra el Patrimonio Histórico y amplía la investigación judicial.
Los concejales investigados son Irantzu Uriarte Gómez, Ignacio Uriarte Gorostiaga —que fueron pareja y socios de la cooperativa promotora del proyecto urbanístico— e Íñigo Urkitza Yáñez, concejal del PNV y responsable del área de Disciplina Urbanística, de la que dependía la tramitación de las licencias vinculadas al palacete derribado.
La jueza considera que los hechos investigados podrían encajar no solo en el artículo 321 del Código Penal, sino también en el artículo 322, ambos relativos a delitos contra el Patrimonio Histórico, lo que agrava el alcance penal de la causa.
El auto también imputa a tres técnicas municipales directamente implicadas en la tramitación del expediente. Se trata de Isabel Peral Aguirregoitia, responsable del área de Urbanismo, Sonia Quintana Alzola, la ‘número dos’ del departamento, apartada el jueves por el propio Ayuntamiento del expediente sancionador abierto a la cooperativa, y Argiñe Encinas Cano, arquitecta municipal que tramitó el expediente.
Según la jueza, de las diligencias practicadas se desprenden indicios suficientes para ampliar la investigación penal a estas funcionarias.
La imputación de Argiñe Encinas reabre además una de las escenas más polémicas recientes del Ayuntamiento de Getxo. En una comisión informativa municipal sobre la controvertida rotonda de Azkorri, la arquitecta afirmó que “los jueces a veces dictaminan como el culo”, expresión que repitió deliberadamente con el micrófono encendido para que quedara perfectamente registrada, incluso para quienes seguían la sesión por streaming.
Mientras Encinas reiteraba la expresión, Sonia Quintana, hoy también imputada por el caso del palacete, reía abiertamente ante la estupefacción de los asistentes.
La causa judicial se centra en el derribo de un palacete protegido en la calle San Nicolás, durante unas obras destinadas a convertir el inmueble en una docena de pisos de lujo, pese a su protección patrimonial. Precisamente Sonia Quintana era la responsable técnica de la Secretaría de Urbanismo encargada del expediente abierto tras el derribo, y fue apartada recientemente del mismo por decisión del Ayuntamiento.
El caso del palacete de Getxo, que durante meses se ha movido entre la polémica política y el malestar ciudadano, entra así de lleno en una fase judicial de alto voltaje, con cargos electos, altos técnicos municipales y una cooperativa promotora bajo la lupa de la Justicia.
