La última nota de prensa del Ayuntamiento de Getxo no es un ejercicio de transparencia ni de diálogo. Es, en esencia, un aviso encubierto a miles de propietarios: están en el punto de mira.
Bajo un lenguaje institucional cuidadosamente diseñado —“confianza”, “seguridad”, “garantías”— el Consistorio trata de vestir como una iniciativa colaborativa lo que en realidad es un primer paso hacia el control, la señalización y, previsiblemente, la penalización fiscal de quienes tienen una vivienda sin ocupar. Porque no hay que engañarse: cuando la propia administración reconoce que el objetivo final es elaborar un censo de vivienda deshabitada, el siguiente paso está más que cantado.
Más impuestos. Más presión. Más intervención.
Resulta difícil encontrar un mayor ejercicio de cinismo político que prometer “seguridad y confianza” a los propietarios en el contexto actual. En la España de hoy, donde la okupación ilegal es una preocupación creciente y donde los procesos de recuperación de viviendas pueden alargarse durante meses o años, hablar de garantías roza lo ofensivo. ¿De qué seguridad habla exactamente el Ayuntamiento? ¿Dónde están esas garantías cuando un propietario se enfrenta a una situación de impago o a la imposibilidad de recuperar su vivienda con rapidez? La realidad es que no existen. Y los ciudadanos lo saben.
Sin embargo, en lugar de abordar este problema de frente, la administración local opta por ignorarlo y lanzar mensajes vacíos mientras prepara herramientas de control sobre quienes, precisamente, soportan ese riesgo.
El envío masivo de cartas a más de 2.600 titulares no es un gesto inocente ni meramente informativo. Es un mecanismo de identificación. Un filtro. Un primer paso para construir una base de datos de “sospechosos” de tener vivienda vacía.
Se insiste en que estas viviendas “no pueden considerarse automáticamente vacías”, pero, acto seguido, se despliega todo un operativo para verificar quién las tiene y en qué condiciones. La contradicción es tan evidente que resulta difícil no ver la verdadera intención: detectar, clasificar y actuar.
Y cuando la administración detecta y clasifica, rara vez es para quedarse de brazos cruzados.
El Ayuntamiento habla de “acompañamiento” y de “información personalizada”, pero introduce como salida natural programas como Bizigune. Es decir, dirigir a los propietarios hacia modelos de alquiler intervenido que muchos rechazan por falta de confianza.
Lo que no se dice es igual de importante que lo que se dice: ¿qué ocurre si el propietario decide no adherirse a estos programas? ¿Qué pasa si, legítimamente, prefiere no alquilar su vivienda?
La respuesta implícita es clara: vendrá la penalización.
Lejos de generar incentivos reales, esta estrategia se apoya en la amenaza velada de recargos en el IBI. En lugar de crear un entorno donde alquilar sea atractivo, se opta por castigar a quien no lo hace.
Es una política que parte de una premisa profundamente equivocada: considerar al propietario como un problema a corregir en lugar de como un aliado necesario.
Y así, lo único que se consigue es exactamente lo contrario de lo que se dice buscar: más desconfianza, más retraimiento y menos vivienda en el mercado.
Las palabras de la alcaldesa Amaia Aguirre, apelando al “diálogo” y la “colaboración”, chocan frontalmente con la naturaleza de la medida. No hay diálogo cuando una de las partes tiene la capacidad de señalarte, incluirte en un censo y, posteriormente, penalizarte.
Eso no es cooperación. Es asimetría de poder.
Y presentarlo como una iniciativa amable no solo es engañoso, sino que erosiona aún más la credibilidad institucional.
El problema del acceso a la vivienda es innegable. Pero convertir a los propietarios en objetivo de políticas de presión no solo es injusto, sino ineficaz.
La campaña del Ayuntamiento de Getxo no nace del entendimiento del problema, sino de una lógica intervencionista que busca resultados rápidos a costa de derechos individuales.
Y lo hace, además, con un discurso que pretende tranquilizar mientras prepara medidas que apuntan en la dirección contraria.
Porque, en última instancia, esta campaña no trata de ayudar. Trata de identificar.
Y, después, de castigar.
