La disputa en torno al tanatorio de Las Arenas, en Getxo, lejos de cerrarse tras la reciente batalla judicial, ha entrado en una nueva fase de tensión entre la empresa explotadora del local y la comunidad de vecinos afectada.
La mercantil Enalta Servicios Funerarios ha remitido un requerimiento formal a los presidentes de las comunidades de propietarios de los números 7B de la calle Las Mercedes y 6Bis de la calle Urquijo, en el que comunica su intención de ejecutar, a partir del próximo 25 de mayo, las obras para instalar un sistema de ventilación independiente con extracción directa a la cubierta del edificio.
La actuación proyectada responde, según expone la empresa en el documento, a una exigencia técnica derivada de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en julio de 2025, que consideró insuficientes las condiciones de ventilación del tanatorio. Aquella resolución judicial, que posteriormente adquirió firmeza tras la no admisión de recursos por el Tribunal Supremo, dio la razón a los vecinos y dejó sin efecto las licencias del establecimiento.
En el escrito, la empresa sostiene que los estatutos de la comunidad amparan este tipo de instalaciones sin necesidad de autorización previa, al tratarse de actuaciones permitidas por las ordenanzas municipales. Asimismo, subraya que no se trata de una mejora voluntaria, sino de una obligación técnico-sanitaria para poder desarrollar la actividad.
Para llevar a cabo los trabajos, Enalta solicita acceso a elementos comunes del inmueble —portal, escaleras, patio interior y cubierta— y requiere a la comunidad que, en el plazo de cinco días hábiles, facilite copias de llaves y garantice el libre acceso de operarios y materiales.
El requerimiento incorpora además un explícito apercibimiento legal. La empresa advierte de que cualquier negativa o acto que obstaculice la ejecución de las obras será puesto en conocimiento del juzgado competente, con la solicitud de medidas cautelares urgentes. Igualmente, señala que podría reclamar daños y perjuicios por la imposibilidad de ejercer la actividad y apunta a la eventual consideración de delito de coacciones en caso de impedir físicamente el acceso.
Este movimiento reabre un conflicto que se prolonga desde 2020, cuando la instalación del tanatorio en Las Arenas generó el rechazo vecinal desde sus inicios. Los residentes denunciaron que el local carecía de un sistema adecuado para evacuar el aire de los túmulos —las salas refrigeradas donde se exponen los cuerpos—, una cuestión que resultó determinante en el pronunciamiento judicial.
Ahora, tras haber perdido la batalla en los tribunales, la empresa plantea ejecutar precisamente esa instalación técnica cuya ausencia fue clave en la anulación de las licencias, lo que sitúa a ambas partes ante un nuevo escenario de confrontación a las puertas del inicio de las obras.
