El Ayuntamiento de Getxo vuelve a situarse en el centro de la polémica. Una vecina ha denunciado a la redacción del Diario de Getxo que ha recibido una carta oficial en la que su vivienda —donde reside desde hace más de 30 años— aparece señalada como deshabitada dentro del proceso de elaboración del censo municipal.
El caso no es aislado. Según reconoce el propio Consistorio, se están recibiendo numerosas llamadas de ciudadanos afectados por el mismo problema: viviendas habitadas que han sido incluidas, presuntamente por error, en el listado de inmuebles “vacíos”.
La carta, firmada por el concejal Álvaro González Pérez, asegura que la vivienda “no consta actualmente con personas empadronadas desde hace más de dos años”. Una afirmación que la afectada desmiente rotundamente. “He tenido que aclararlo y pedir explicaciones, pero no me sirven. En la carta dicen que no consta empadronamiento, cuando es mentira”, denuncia.
La vecina pone en duda la fiabilidad de todo el proceso. “Con tanta publicidad de que hay 2.600 pisos vacíos, ¿en cuántos se quedarán de verdad? ¿Cuáles serán los datos reales? ¿Lo sabremos?”.
Tras la queja formal, el Ayuntamiento ha rectificado. En una respuesta posterior, reconoce que la vivienda sí está habitada y que los datos han sido corregidos. “Gracias a la información facilitada, hemos podido comprobar que la vivienda está efectivamente habitada. Por ello, ya se han actualizado los datos en nuestros registros” le ha respondido el Ayuntamiento.
Es decir, el error existía. Y solo se ha subsanado después de que la ciudadana tuviera que defenderse activamente frente a una clasificación incorrecta.
El incidente abre una cuestión de fondo que afecta a toda la política municipal de vivienda: la fiabilidad del censo que el Ayuntamiento está utilizando para señalar miles de viviendas como deshabitadas. Si casos como este se están repitiendo —tal y como admiten fuentes municipales— la pregunta es inevitable:
¿cuántas de las 2.600 viviendas señaladas lo están por error?
La gravedad del asunto no es menor. Este censo no es un mero trámite estadístico. Es la base sobre la que podrían aplicarse futuras medidas fiscales, recargos o presiones administrativas sobre los propietarios.
El envío masivo de cartas, presentado como un ejercicio de “contraste de datos”, empieza a mostrar grietas importantes. Lo que sobre el papel se planteaba como un proceso informativo está derivando en situaciones en las que ciudadanos deben justificar que viven en sus propias casas.
Este caso evidencia la falta de verificación previa antes de señalar viviendas como sospechosas de estar vacías. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando la administración etiqueta, aunque sea de forma provisional, está generando un marco de sospecha sobre el ciudadano. Un marco que, en este caso, además, parte de datos erróneos.
Lejos de generar “confianza y colaboración”, como defiende el Ayuntamiento, este episodio alimenta la desconfianza vecinal hacia una estrategia que ya venía siendo cuestionada.
La sensación entre muchos propietarios es clara: primero se les señala, después se les pide explicaciones, y finalmente —si protestan— se corrige el error. Pero ¿qué ocurre con quienes no reclaman?
Este caso no es una simple anécdota administrativa. Es un síntoma de un problema más profundo: la debilidad de los datos sobre los que se está construyendo una política pública de gran impacto.
Si el censo nace con errores, todo lo que venga después —medidas fiscales, programas de vivienda, intervención administrativa— quedará inevitablemente contaminado. Y entonces, la cuestión ya no será solo técnica. Será política.
