La última comisión informativa del ayuntamiento dejó al descubierto una cuestión que difícilmente puede pasar desapercibida para cualquier vecino con un mínimo sentido crítico. El Ayuntamiento de Getxo destinó entre 3.000 y 5.000 euros de dinero público a financiar un publirreportaje publicado en El Correo el pasado 3 de mayo bajo el título «Un Getxo con más oportunidades, cohesión y futuro». -en nuestro canal de Telegram o WhatsApp puedes acceder al enlace del publirreportaje –
No se trata de una campaña de información ciudadana. No se trata de explicar un servicio público. No se trata de una alerta, una ayuda o una cuestión de interés general. Se trata, simple y llanamente, de una extensa pieza dedicada a ensalzar la gestión realizada por el equipo de gobierno durante los últimos ocho años.
Un texto tan extraordinariamente complaciente que cualquiera que desconozca la realidad política de Getxo podría llegar a pensar que se encuentra ante una administración ejemplar, libre de conflictos, polémicas o errores.
La realidad, sin embargo, es bastante distinta.
Resulta difícil encontrar en la Comunidad Autónoma Vasca otro municipio que haya vivido una situación institucional tan convulsa durante los últimos años. Tres concejales del propio equipo de gobierno han sido cesados y se encuentran investigados judicialmente junto a tres técnicos municipales en una de las causas que más repercusión ha tenido en la historia reciente del Ayuntamiento. Un hecho de enorme gravedad institucional que, evidentemente, no encuentra espacio en ese publirreportaje que viene a ser un relato edulcorado financiado con dinero de todos.
Tampoco aparecen las numerosas controversias urbanísticas, los retrasos en proyectos estratégicos, las crecientes quejas vecinales por la movilidad, el aparcamiento o el estado de determinados espacios públicos. Nada que pueda alterar una narrativa diseñada exclusivamente para proyectar una imagen de éxito permanente.
Y es precisamente ahí donde surge la pregunta fundamental: si el objetivo era poner en valor la gestión política del gobierno municipal, ¿por qué debía pagarlo el Ayuntamiento y no el partido que gobierna?
Porque una cosa es la comunicación institucional y otra muy distinta la propaganda política sufragada con fondos públicos.
Más preocupante aún resulta el papel asumido por el medio que aceptó publicar semejante contenido. Cada medio establece sus propios criterios editoriales, pero cuando una pieza de estas características reproduce prácticamente sin matices el discurso oficial de quienes gobiernan, la frontera entre información y publicidad termina diluyéndose peligrosamente.
En Diario de Getxo jamás aceptaríamos dinero público para publicar un texto de estas características. No porque la publicidad institucional sea ilegítima, sino porque existen límites que separan la información de la propaganda y porque no todo vale para facturar una campaña de imagen.
La credibilidad de un medio se construye precisamente cuando es capaz de mantener distancia crítica frente al poder político, no cuando pone sus páginas al servicio de un relato diseñado para glorificar una gestión municipal.
Los vecinos tienen derecho a conocer los avances, los proyectos y las inversiones realizadas. Pero también tienen derecho a que no se utilice su dinero para financiar operaciones de autobombo político disfrazadas de información institucional.
Y, sobre todo, tienen derecho a que no se les presente una versión idealizada de un Ayuntamiento que durante los últimos años ha protagonizado algunas de las mayores crisis políticas y judiciales que se recuerdan en Getxo.
