El Gobierno de Getxo centra su comunicado en el alivio de los investigados y evita cualquier autocrítica sobre una gestión que el propio Consistorio llegó a cuestionar
El Ayuntamiento de Getxo ha elegido cuidadosamente el relato con el que recibe el archivo judicial del caso Irurak Bat. No se limita a informar de una resolución que acuerda el sobreseimiento libre de la causa: construye alrededor de ella un mensaje político en el que la satisfacción institucional y, especialmente, el respaldo a las personas investigadas ocupan el centro de la comunicación.
La alcaldesa, Amaia Aguirre, habla de “alivio”, “reconocimiento”, “cercanía” y “consideración especial” hacia quienes han afrontado la investigación y sus familias. El comunicado dedica buena parte de su contenido a las consecuencias personales, familiares y profesionales que el procedimiento habría provocado en los investigados.
Es legítimo recordar esa dimensión humana. Lo que resulta llamativo es aquello que no aparece con la misma intensidad: la dimensión política de lo ocurrido.
Porque Irurak Bat no desapareció como consecuencia de una investigación judicial. El edificio fue derribado en agosto de 2024. Y el debate político sobre cómo se llegó hasta allí no desaparece porque ahora un juzgado haya concluido que los hechos investigados no son constitutivos de delito.
El propio Ayuntamiento sostuvo en noviembre de 2025 que la licencia concedida en 2022 permitía la rehabilitación del edificio manteniendo sus fachadas y que “en ningún momento” se había autorizado su derribo completo. El Consistorio afirmó entonces que la actuación había incumplido las condiciones de la licencia y que se habían abierto procedimientos para restablecer la legalidad urbanística.
Ahora, sin embargo, el comunicado municipal pone el foco en que el juez considera que el derribo “cabía” conforme al régimen urbanístico aplicable.
No es lo mismo decir que un derribo no constituye delito que explicar por qué un edificio que el propio Ayuntamiento decía que debía ser rehabilitado terminó completamente demolido. Y esa diferencia es precisamente la que el comunicado no aborda.
Mucha consideración para los investigados y ninguna para el patrimonio perdido
El tono elegido por la alcaldesa merece también atención. Aguirre afirma que piensa “especialmente” en las personas investigadas y en sus familias y reivindica que han afrontado el procedimiento “con responsabilidad, serenidad y respeto a la Justicia”.
Pero resulta difícil no advertir el contraste: mientras el comunicado dedica varios párrafos a las consecuencias personales de la investigación penal, apenas hay una referencia a las consecuencias irreversibles que tuvo el derribo para el patrimonio arquitectónico de Getxo. Irurak Bat ya no existe. No existe posibilidad de reparar materialmente esa pérdida. No hay sobreseimiento que reconstruya el edificio ni resolución judicial que devuelva a Getxo el inmueble que fue demolido.
Y, sin embargo, esa dimensión apenas ocupa espacio en el relato oficial. No se trata de contraponer a las personas investigadas con el edificio desaparecido. Se trata de recordar que un procedimiento penal puede terminar sin delito y seguir existiendo una discusión política sobre las decisiones, controles y responsabilidades que rodearon una actuación de semejante trascendencia.
“Mañana será el momento”
Quizá el elemento más revelador del comunicado se encuentre al final. La alcaldesa anuncia que “mañana será el momento de hacer una valoración política más amplia de todo lo sucedido durante este proceso”.
Es decir, el Ayuntamiento ha emitido hoy un comunicado político para anunciar que la valoración política llegará mañana.
La explicación puede ser sencilla: el Gobierno municipal quiere esperar a conocer bien el auto antes de pronunciarse. Pero también deja una impresión evidente: hoy se fija el marco del relato —archivo, satisfacción y reivindicación de los investigados— y mañana llegará la parte incómoda.
Será entonces cuando la alcaldesa tendrá que responder a cuestiones que el comunicado de hoy deja deliberadamente fuera.
Porque el archivo judicial no responde por sí solo a cómo funcionaron los controles municipales. Tampoco explica las decisiones administrativas adoptadas durante el proceso, ni las circunstancias que rodearon la ejecución de las obras, ni por qué el Ayuntamiento llegó a afirmar que la licencia no autorizaba el derribo completo y posteriormente el edificio acabó desapareciendo.
Son cuestiones distintas de la responsabilidad penal y, precisamente por eso, siguen siendo cuestiones políticas.
El archivo no puede convertirse en una absolución política
El auto conocido hoy debe ser respetado. Y también debe respetarse el derecho de todas las personas investigadas a que una causa archivada no sea utilizada para mantener sospechas penales sobre ellas.
Pero una institución pública no debería confundir el archivo de una causa penal con el cierre automático de cualquier debate sobre su propia actuación.
El Ayuntamiento tiene derecho a celebrar que no haya delito. La ciudadanía tiene también derecho a conocer si hubo errores, fallos de control, decisiones equivocadas o responsabilidades políticas, aunque ninguna de ellas alcance el ámbito penal.
Ese es precisamente el debate que el comunicado municipal aplaza hasta mañana. Y quizá sea el más importante.
Porque la Justicia ha hablado sobre la existencia de delito. Ahora le toca hablar al Gobierno de Getxo sobre su gestión.
