El Ayuntamiento de Getxo ha difundido hoy una nota de prensa en la que, lejos de asumir responsabilidad alguna por la demolición completa del edificio protegido de la calle San Nicolás 11, dirige toda la carga contra la promotora encargada de las obras de la cooperativa Ereaga Atalaya.
El Consistorio insiste en que la empresa incumplió la licencia municipal concedida en 2022, pero no dedica una sola línea a analizar cómo un edificio catalogado pudo desaparecer sin que Urbanismo, los técnicos municipales o los mecanismos de control público lo impidieran a tiempo.
Según el comunicado oficial, la licencia otorgada permitía rehabilitar el inmueble conservando sus cuatro fachadas —salvo los miradores—, pero en ningún caso autorizaba el derribo integral. Sin embargo, el Ayuntamiento reconoce que no actuó hasta que detectó los incumplimientos, sin ofrecer explicaciones sobre por qué el seguimiento de una obra tan sensible no impidió que la piqueta arrasara completamente un edificio protegido.
A pesar de la gravedad del suceso y del evidente fracaso de los sistemas municipales de supervisión, la alcaldesa Amaia Aguirre se limita a asegurar que el Ayuntamiento “actuó siguiendo el procedimiento legal vigente”. Una afirmación que contrasta con la indignación vecinal. Y es que difícilmente puede considerarse un éxito procedimental permitir que un inmueble protegido desaparezca sin que nadie en Urbanismo lo frene a tiempo.
El comunicado del Ayuntamiento insiste en recalcar que los arquitectos municipales tienen “la misma categoría profesional” y que no se requiere una titulación específica para gestionar expedientes de edificios catalogados.
Lejos de aportar tranquilidad, esta aclaración ha suscitado nuevas dudas sobre los criterios internos para asignar proyectos de especial sensibilidad patrimonial.
El Ayuntamiento afirma colaborar con la autoridad judicial y policial, y asegura que “actuará en consecuencia” si se demuestra alguna irregularidad por parte de funcionarios o cargos públicos.
Pero la declaración, apoyada en condicionales y vaguedades, no disipa la sospecha —ampliamente compartida en Getxo— de que si este escándalo no hubiese adquirido la dimensión pública actual, se habría intentado minimizar, silenciar o diluir la responsabilidad política.
Mientras tanto, el proceso de regularización continúa, pero el daño al patrimonio ya es irreversible: el edificio histórico de San Nicolás 11 ha desaparecido. Lo único que sigue en pie, por ahora, es la estrategia municipal de señalar a la promotora mientras evita cualquier ejercicio de autocrítica o responsabilidad propia.
