Hace apenas unos días, la vicealcaldesa socialista de Getxo, Carmen Díaz, calificaba de simple “ruido” uno de los episodios más graves vividos en el Ayuntamiento en décadas: el registro judicial del área de Urbanismo por parte de la Ertzaintza en relación con el derribo del histórico palacete de San Nicolás 11.
Hoy, tras el levantamiento del secreto de sumario y la imputación de tres concejales del PNV y tres técnicas municipales, Díaz descubre de pronto la “enorme gravedad” del asunto y firma un comunicado cargado de advertencias, reproches y apelaciones a la ejemplaridad institucional.
Donde antes había banalización y llamadas a no “distraerse”, ahora hay “profunda preocupación”, “escalada relevante” y exigencias de dimisión. Donde hace solo cuatro días se pedía prudencia para no “dañar la confianza de la ciudadanía”, ahora se acusa al PNV de haber restado importancia a un caso de presuntos delitos graves y de haber actuado sin la seriedad institucional exigible.
La pregunta es inevitable: ¿qué ha cambiado realmente? ¿Los hechos, o el relato? Porque cuando la Ertzaintza registró el Ayuntamiento, el escenario ya era extraordinario. No se trataba de rumores ni de especulaciones políticas, sino de una investigación judicial en curso sobre el derribo de un edificio protegido. Sin embargo, entonces Díaz optó por minimizarlo públicamente, alineándose de facto con la estrategia de silencio y contención del PNV, su socio de gobierno desde hace dos legislaturas.
Hoy, con imputaciones sobre la mesa y el coste político disparándose, el tono cambia radicalmente.
En su comunicado, la portavoz socialista se permite incluso dar lecciones de comportamiento político, asegurando que el Partido Socialista “ha demostrado siempre una respuesta tajante y ejemplar desde el primer momento” en situaciones similares. Una afirmación difícil de sostener cuando ella misma, como vicealcaldesa y miembro del gobierno municipal, calificó todo el caso de “ruido” cuando ya existía una investigación judicial avanzada.
Más aún, Díaz se muestra ahora “especialmente preocupada” por declaraciones recientes de dirigentes del PNV que, según dice, restaban importancia al caso. Pero guarda silencio sobre sus propias palabras, pronunciadas en pleno registro judicial, cuando decidió trivializar lo ocurrido y pedir que nada “distraiga” la acción de gobierno.
El comunicado también plantea si “era necesario haber llegado hasta este punto”, como si la evolución del caso fuera fruto de una inercia inevitable y no de decisiones políticas concretas tomadas —o evitadas— durante meses por un gobierno del que el PSE-EE forma parte. Porque conviene recordarlo: Carmen Díaz no es una observadora externa. Lleva siete años como vicealcaldesa de Getxo y ha sido corresponsable de la gestión municipal durante todo el periodo investigado.
Pese a ello, la dirigente socialista intenta ahora marcar distancias sin romper del todo. Critica, exige dimisiones y reclama comisiones de seguimiento, pero evita cuidadosamente pronunciarse sobre la continuidad de su partido en el gobierno, apelando a no “alimentar debates precipitados”. Una ambigüedad que suena más a cálculo político que a responsabilidad institucional.
El caso del palacete de San Nicolás 11 ha pasado, en cuestión de días, de ser “ruido” a convertirse en un asunto de “enorme gravedad” para Carmen Díaz. El problema no es que cambie el diagnóstico ante nuevos datos judiciales. El problema es que el registro judicial ya era, por sí mismo, un hecho de extrema gravedad, y ella decidió entonces minimizarlo.
Ese cambio de discurso, tan brusco como tardío, deja en el aire una duda difícil de disipar. Si la preocupación que hoy expresa responde a una convicción real o simplemente a la necesidad de reposicionarse cuando la realidad ya no permite seguir mirando hacia otro lado.
Porque la ejemplaridad institucional no se demuestra cuando el coste político es inevitable, sino cuando todavía es incómodo hacerlo.
