Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Caso palacete | Los ediles implicados reservaron en la promoción una vivienda, dos plazas de garaje y un trastero

La Ertzaintza detalla que el Tercer y la Cuarta Teniente de Alcalde de Getxo, Ignacio e Irantzu Uriarte, reservaron una vivienda, dos plazas de garaje y un trastero en la promoción de San Nicolás 11. Ambos formaban parte de la Junta de Gobierno que aprobó la licencia de obras.

Uno de los capítulos más sensibles del atestado policial sobre el caso del palacete derribado se centra en la participación de dos cargos políticos de primer nivel en la promoción de San Nicolás 11: Ignacio Uriarte y Irantzu Uriarte, Tercer y Cuarta Vicealcaldes del Ayuntamiento de Getxo, ambos del PNV.

Según la Ertzaintza, el 13 de marzo de 2023, en representación de la cooperativa en constitución SAN NICOLÁS 11 S. COOP, el ciudadano A.M. firma con Ignacio e Irantzu Uriarte un contrato de reserva de una vivienda.

  • La vivienda reservada se sitúa en el bajo B del bloque 11A, precisamente el edificio protegido a rehabilitar, e incluye las plazas de garaje 6 y 16 y el trastero 6.
  • El coste de la adjudicación asciende a 571.000 euros más IVA.
  • El 28 de abril de 2023 se firma el contrato de adjudicación definitivo.

La Ertzaintza recuerda que ambos concejales formaban parte del Pleno y de la Junta de Gobierno Local y que tenían responsabilidades directas en áreas clave. Ignacio Uriarte en Intervención General, Tesorería y Personal; Irantzu Uriarte, entre otras, en órganos de decisión municipal. Por su parte, Irantzu Uriarte integraba la Junta de Gobierno que, el 18 de octubre de 2022, aprobó por unanimidad la licencia de obras para la rehabilitación del edificio protegido.

El informe añade que, en una asamblea de la cooperativa celebrada el 16 de noviembre de 2023, ambos fueron informados de que el Proyecto de Ejecución implicaba el derribo total del edificio. Pese a ello, no consta que se opusieran, no consta que trasladaran esta información al área de Urbanismo y tampoco consta que advirtieran de la ilegalidad de la demolición de un bien de Protección Básica.

Para el equipo instructor, su posición institucional y su condición de futuros adjudicatarios de una vivienda y plazas de garaje en el edificio derribado sitúan su actuación en el centro de la investigación.