La alcaldesa comparece para hablar de «reparación» y «honorabilidad», pero evita las preguntas que de verdad importan: por qué se llegó al derribo y cómo se gestionó desde el primer día
Amaia Aguirre ha comparecido este sábado, apenas un día después de conocerse el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo que archiva el llamado ‘caso palacete’, para ofrecer una lectura de la resolución judicial que se aleja bastante de la prudencia que cabría esperar de una alcaldesa.
En lugar de una explicación serena sobre cómo se gestionó el derribo de la casona protegida de San Nicolás 11 para levantar doce viviendas de lujo, Getxo ha asistido a una comparecencia construida casi enteramente para señalar a terceros: a la oposición, a los medios y a quienes, según ella, «instalaron la sospecha» sobre su gobierno.
Un sobreseimiento que no es lo que Aguirre dice que es
La alcaldesa ha insistido en que la Justicia ha «desmontado» la idea de que el derribo fuera una «ilegalidad evidente». Pero conviene no perder de vista lo que el auto dice en realidad: el juez concluye que, al no considerarse el inmueble un bien de protección básica en el momento de los hechos, decaen los delitos imputados. Es una cuestión de calificación jurídica, no un pronunciamiento sobre si la operación urbanística estuvo bien gestionada, ni sobre si dos concejales del propio equipo de Gobierno debían haber estado, desde el principio, al margen de una promoción inmobiliaria como la que acabó tirando abajo un edificio histórico. Que no haya delito no equivale, como pretende trasladar la regidora nacionalista, a un aval político a la gestión municipal.
De hecho, tanto el PP como EH Bildu ya han anunciado que recurrirán la decisión, precisamente porque consideran que la cuestión jurídica dista de estar cerrada.
El PP no se traga el relato de la «exculpación política»
El Partido Popular, principal fuerza de la oposición en Getxo, ha sido tajante: acusa a Aguirre de intentar convertir una resolución judicial en un «certificado de buena gestión política». Desde la formación recuerdan que preguntar, fiscalizar y exigir responsabilidades ante una actuación que generó una enorme controversia patrimonial y urbanística no es un «juicio paralelo», como repite la alcaldesa, sino el ejercicio legítimo de la oposición. El PP ha anunciado que recurrirá el sobreseimiento -tiene hasta el 9 de septiembre para hacelo- y ha dejado clara su posición: «Alcaldesa, usted puede intentar pasar página. Nosotros no vamos a permitir que pase página la verdad.»
La formación popular también ha puesto el foco en algo que Aguirre evitó por completo en su comparecencia: por qué se llegó al derribo de San Nicolás 11 y cómo se tomaron, dentro del propio equipo de Gobierno, las decisiones que lo hicieron posible. Esa pregunta, la más incómoda de todas, sigue sin respuesta.
Una comparecencia para hablar de todo menos de la gestión
Lo más llamativo de la rueda de prensa no ha sido lo que se ha dicho sobre el auto judicial, sino lo que se ha evitado decir sobre la propia gestión municipal. Preguntada por el pulso que lanzó el pasado verano a su propio partido —cuando amenazó con dimitir si no se producía una «salida ordenada» de Ignacio Uriarte, hasta entonces su hombre de confianza en el Gobierno y posteriormente imputado por el caso— Aguirre ha optado por no entrar en detalles y ha llegado a negar haber estado presente en la reunión donde se habría discutido esa salida. Tampoco ha querido valorar qué habría pasado si el Ayuntamiento hubiera recurrido la sentencia del TSJPV que abrió la puerta al sobreseimiento, ni ha aclarado si el desenlace judicial cambia en algo su decisión de no repetir como candidata en las próximas elecciones.
En cambio, sí ha dedicado buena parte de su intervención a reclamar «reparación pública» para los tres concejales que tuvieron que dimitir y para los técnicos municipales investigados, y a pedir cuentas a quienes, en sus palabras, «presentaron como hechos probados» unas acusaciones de gravedad. Una petición legítima en sí misma, pero que suena distinta viniendo de quien, durante meses, ha evitado dar explicaciones claras sobre cómo su propio Gobierno permitió que dos de sus concejales formaran parte de la cooperativa promotora del derribo.
Lo que queda por resolver
El archivo de la causa penal no cierra, ni de lejos, el debate político sobre San Nicolás 11. El PP ya ha activado la vía del recurso y ha dejado claro que seguirá «preguntando» hasta obtener respuestas sobre el origen de una decisión que costó tres dimisiones, un registro policial sin precedentes en las dependencias de Urbanismo y dos años de una institución bajo sospecha. Que no haya delito no equivale a que no haya nada que explicar. Y esa es, precisamente, la explicación que Getxo sigue esperando.
